Sedena y La Jornada
Humberto Musacchio
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no invita ya a los representantes de La Jornada a presenciar sus actividades ni envía al periódico sus boletines informativos, lo que ha denunciado ese diario como un atentado a la libertad de información y expresión, lo que llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a solicitar a la Sedena medidas cautelares en favor de la citada empresa editorial y de su reportero Jesús Aranda, encargado de cubrir esa importante fuente noticiosa.
De acuerdo a La Jornada, el veto, según le comunicó un oficial a Aranda, está vigente “por órdenes superiores de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena” y tales órdenes las emitió el general brigadier Marco Antonio Álvarez Reyes, quien está al frente de esa dependencia.
La medida ocurre en momentos en que cunde la indignación entre la gente de prensa por los asesinatos de numerosos colegas, como Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, respectivamente, lo que evidencia la desprotección en que se hallan los informadores y las empresas del ramo, como lo prueban, si hiciera falta, los allanamientos a las oficinas de Carmen Aristegui y ahora, el día 27 de mayo, a la sede de la revista Proceso.
Como es obvio, el periodismo en México es una profesión de alto riesgo que afecta tanto a los informadores como a las firmas para las que trabajan, lo que hace unos días motivó que numerosas empresas de la comunicación publicaran un documento al que ilustrativamente titularon “Ya basta”. El gremio periodístico, tradicionalmente desunido, esta vez ha levantado la voz, como ocurrió en Los Pinos frente al presidente Peña Nieto y también el 30 de mayo, durante la conmemoración del asesinato de don Manuel Buendía, jornada en la que se realizó el recordatorio tradicional frente a la estatua de Francisco Zarco del Paseo de la Reforma y por la tarde un concurrido mitin al pie de la Columna de la Independencia.
El veto contra La Jornada no propicia la comprensión social de las actividades castrenses. Por supuesto, no hay base para pensar que una medida tan absurda haya sido dictada por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, hombre que suele hablar claro y de frente, como lo hace cada vez que le recuerda a quien quiera oírlo que las tareas policiacas son ajenas al espíritu y razón de ser de las fuerzas armadas. No queremos más militares caídos, como los cuatro soldados asesinados en Palmarito, Puebla. El Ejército merece todo nuestro respeto. La libertad de prensa también.
