El lenguaje es fuente de malos entendidos.
Antoine de Saint- Exupéry
José A. Suárez del Real
Ante la cada vez más profunda brecha lingüística que separa la sociedad civil del excluyente lenguaje oficial —particularmente el utilizado por legisladores, juristas y abogados—, la sociedad mexicana ha comenzado a exigir la adopción de un lenguaje accesible a cualquier mexicano. Así lo consignó el diario Reforma en la edición del pasado 11 de julio en su sección Ciudad, en cuyas páginas se reflejó la inquietud e interés social y académico por la utilización de un lenguaje claro por parte de los abogados.
Pese a existir en México un manual del claro lenguaje de la Secretaría de la Función Pública, el estilo de comunicación gubernamental nos permite caer en cuenta de que a través del lenguaje oficial la autoridad excluye al pueblo de la comprensión de instrumentos fundamentales —como lo es el marco legislativo—, y con ello, además de controlar y manipular las decisiones ciudadanas, puede eludir muchas de las responsabilidades que, encubiertas en términos complejos y en desuso, se introducen en leyes y ordenamientos.
Aplicado en la Edad Media, el latín se convirtió en la lengua de Estado del clero y de las monarquías, y fue instrumento de control y exclusión social de la época. Herencia de esa época, por centurias, los documentos oficiales usaron un lenguaje refinado, de difícil acceso para el pueblo. A fines del siglo pasado, comunidades sajonas agrupadas en el movimiento Plain English Language, exigieron a sus gobiernos utilizar un lenguaje llano, comprensible a cualquier persona.
Francia llevó al extremo su decisión de inclusión lingüística, a grado de simplificar su gramática oficial a la mínima expresión, asumiendo el uso coloquial del francés —por sobre las florituras propias de su exuberante producción literaria—, oficializándolo para su instrucción académica básica y en la relación entre ciudadanos y los poderes del Estado.
El interés por generar un verdadero vínculo entre el gobierno y la pluralidad lingüística española generó, en primer término, el reconocimiento de toda lengua hablada en el reino, como oficial, y propició la modernización de textos legales a fin de que fueran accesibles a la sociedad española y no solo a los letrados y miembros de las Cortes.
Uno de los ámbitos de mayor preocupación para la España democrática se ubicó en las reformas al añejo Código Penal, cuya complejidad y anacronismo eran violatorios del derecho básico del denunciante y del denunciado, quienes por regla general no entendían qué se juzgaba y mucho menos el manejo de agravantes y eximentes esgrimidas a lo largo del proceso oral.
La reforma al Código Penal de 1978 buscó garantizar la accesibilidad ciudadana al adoptar un lenguaje claro y conciso en los textos y procedimientos. Como resultado de esa acción, las audiencias procesales y juicios fueron mucho más ágiles, al igual que los arrestos y puestas a disposición, al ser comprensibles tanto para el policía como para el propio detenido. Por ello fue una irresponsabilidad seguirle el juego a Felipe Calderón en su reforma judicial, a sabiendas de que ni contamos con leyes accesibles al lenguaje del pueblo, ni poseemos la tecnología suficiente para que la policía porte pruebas científicas concluyentes.
Los mexicanos debemos reconocer que nuestro endeble sistema educativo no enfatiza la enseñanza del idioma; que la sociedad es una audiencia cautiva del duopolio televisivo, cuyos locutores y conductores marcan pautas idiomáticas, y que contamos con una sociedad gubernamental y política excluyente, que encuentra en el uso del castellano de antaño, el instrumento de control y marginación que sustenta su permanencia en el poder.Por ello resulta alentador encontrar que el tema forma parte de la agenda de los medios y que hay académicos y ciudadanos que expresan su interés por dar fin a ese círculo vicioso, a fin de romper con la máxima de Saint Exupéry autor de El Principito, exigiendo hacer del lenguaje oficial una fuente de entendimiento colectivo a través de su impostergable democratización.