La violencia contra menores no es inusitada, sino que ha ido subido paulatinamente desde el núcleo familiar. Seis de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años han vivido algún método agresivo de disciplina en sus hogares. Uno de cada 15 ha recibido alguna forma de castigo físico severo, como jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes, de acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Expertos consideraron que casos como el de Antony, quien fue rescatado en la delegación Gustavo A. Madero con huellas de maltrato, así como las violaciones de niñas en el transporte público y agresiones que sufre los menores en su casa, escuela o comunidad son reflejo de un Estado “debilitado”.

El Estado ha fallado en el cuidado de niños y adolescentes, puesto que no ha fomentado la creación de un ambiente protector que garantice su desarrollo libre de violencia, afirmaron.

Señalaron que se requiere de una mayor articulación de las políticas públicas para la prevención de la violencia y reeducar a la población respecto a su perspectiva sobre este problema.

Nelia Tello, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM,  destacó que el fenómeno en el país ha “exacerbado” al no haber límites que la controlen, no sólo de parte del gobierno, sino también por la sociedad al verlo como algo cotidiano. “La exacerbación del narcotráfico como parte de una violencia cotidiana ha influido en el nivel usual en una sociedad, por ejemplo, la nuestra como en todas las sociedades y ha dado todas las muestras de que es posible seguir siendo violento”.

Para Juan Martín Pérez García , director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), casos como el de Antony, o el de Valeria, cuyo cuerpo fue hallado con rastros de agresión sexual, reflejan que el Estado mexicano es totalmente omiso en su responsabilidad de proteger a los niños y niñas. No se ve a los menores como sujetos de derechos”.

Advirtió que el fenómeno en cuestión se convierte en cultura, por lo que se va reproduciendo de generación en generación, lo cual es propiciado por la percepción de impunidad  en todos los niveles de gobierno. “Esa violencia se queda en el entorno. El mensaje que se manda es el de impunidad y en ese sentido el Estado se convierte en una pieza de “adorno”, el mensaje es hacer justicia por propia mano”.

Por su parte, el fundador de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, consideró que aunque hay diversas estructuras para la protección de los niños y adolescentes terminan siendo más burocráticas.

La primera causa de muerte en adolescentes en algunos estados es el homicidio y en otros el suicidio, lo que representa que “la burocracia no está actuando para proteger su integridad física y emocional”.

Carlos Cruz advirtió que es urgente establecer mecanismos y herramientas de atención a la niñez en los municipios, puesto que son el nivel de gobierno que tiene contracto directo con la población, a fin de generar una transformación en la política pública del país en la materia.

Asimismo, Corina García Piña, coordinadora de la Clínica de Atención Integral al Maltrato Infantil aseguró que se requiere de mayor capacitación de médicos y sociólogos para que puedan identificar el maltrato, puesto  que muchas veces se encuentra “muy encubierto”.

Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del sistema Nacional de Protección Integral de Niña, Niños y Adolescentes (Sipinna), reconoció que no se ha logrado generar un ambiente protector para la niñez. Es un tema en el que no sólo está ligado el estado de protección, sino la “responsabilidad colectiva” que ha permitido la violencia.

(Con información de El Universal)