En el ancien régime se decía que la decisión más importante del presidente de la república en turno era designar a su sucesor. Hoy, además de que no debe designarlo, necesita preguntarse en la soledad cómo quiere terminar su mandato.
En México, es más difícil concluir que iniciar un sexenio. Al principio todo es esperanza y optimismo. Al final, todo es crítica y reproche. Llega el cobro por promesas incumplidas, la venganza de quienes se sintieron traicionados, y comienzan a instalarse los tribunales y los patíbulos.
Terminar un sexenio no es cualquier cosa. Requiere de preparación y estrategia. Y no me refiero, obviamente, a la burocrática “entrega-recepción” sino a las últimas decisiones que necesita tomar un jefe de Estado para evitar que su ciclo desemboque en una crisis.
En una crisis nacional, institucional, pero también personal. Por ello, es preciso preguntar: ¿qué vale más, un exgobernador, un secretario de Estado o la integridad de las instituciones?
Muchos podemos reconocer en Gerardo Ruiz Esparza a un funcionario avezado, pero su permanencia en el cargo, después de lo del socavón, ha comenzado a generar versiones e interpretaciones sospechosas que terminan dañando, principalmente, al presidente de la república.
No le dé gusto, señor presidente, a López Obrador. La treta del Peje consiste en pedir la renuncia de Ruiz Esparza para que —por esa simple razón— se le mantenga en el puesto y su permanencia socave la imagen de la obra de infraestructura más importante del gobierno: el aeropuerto.
Menos mal, dicen los malintencionados, que no se trató de un socavón en las pistas de la nueva terminal aérea donde hubieran muerto no dos, sino quinientas personas.
Y no se trata de dar gusto a quienes piden cabezas, sino de demostrar que esta administración asume los costos de los errores que se pudieron cometer —y que, sin duda, se cometieron— en la construcción del Paso Exprés, donde un padre y su hijo murieron.
Que hayan muerto por el impacto o de asfixia es lo de menos. Lo que cuenta es responder, ante el país y la familia de esas dos victimas, por el colapso de una obra pública que le costó a los mexicanos la impresionante cantidad de 2,213 millones 500 mil pesos.
Las hojas del calendario caen y varias organizaciones no gubernamentales trabajan para instalar en México una comisión contra la impunidad —con aval internacional— similar a la que en llevó a juicio en 2016 al gobierno de Guatemala.
El socavón, se acepte o no, provocó una nueva crisis política y administrativa. Si alguien piensa que el caso se olvidará una vez que desaparezca de los medios, se equivoca.
Estará latente, pulsante y formará parte de un complejo aterrizaje de final de sexenio.
La renuncia de Gerardo Ruiz Esparza debe ser aceptada. No para dar gusto a alguien. Sí en beneficio del gobierno de la república.
