Como consecuencia de las investigaciones que realizan autoridades de la delegación Tláhuac, así como federales, en torno a la red delictiva que formó Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, fueron destituido de sus cargos José Manuel Everardo Gordillo, fiscal desconcentrado de Tláhuac, y José Manuel Moreno, titular de la Policía de Investigación de la demarcación; junto con ellos están bajo investigación 76 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, además de 10 policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública.
Edmundo Garrido, procurador capitalino, dijo en conferencia de prensa: “Como acto de transparencia, mientras la investigación continúe para deslindar responsabilidades administrativas y penales se ha tomado la decisión de remover al fiscal desconcentrado y al cuadro de mando de la Policía de Investigación en dicha demarcación”.
El procurador informó que interrogarán a todos los funcionarios asignados a esa fiscalía para encontrar y determinar si participaron en actos de corrupción, al mismo tiempo se hará también un análisis técnico-jurídico de todos los expedientes de las investigaciones que ahí se iniciaron. Con la finalidad de determinar si las quejas y denuncias por homicidio doloso, amenazas y extorsiones en las que se vincula a “El Ojos” y su gente en verdad se investigaban o sólo se archivaban.
Fueron citados a declarar en calidad de testigos 24 agentes de ministerio público, 18 oficiales secretarios y 35 elementos de la Policía de Investigación. En una pesquisa interna se reveló que los servidores públicos hacían funciones de halcones y avisaban a los integrantes del llamado Cártel de Tláhuac cuando había expedientes en su contra.
Una línea de investigación en la que se da cuenta que recibían 20 mil pesos mensuales por participar con “El Ojos”. Por lo tanto, fueron investigados 10 uniformados de la Policía Preventiva, y desde abril pasado han rotado a un total de 230 elementos. Garrido reveló que también se analizaron 125 horas de video, se efectuaron 100 entrevistas a elementos policiales y se dio el seguimiento de 250 horas de geolocalización de más de 40 radiopatrullas.
Después de que fue abatido Pérez Luna salieron a relucir diversas pruebas sobre la complicidad de servicios públicos capitalinos. Existía una aparente protección que brindaban en especial siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y tres comandantes de la Procuraduría General de Justicia capitalina cuando estuvieron asignados a la vigilancia en el sur de la ciudad. Los policías informaban de los operativos que las autoridades pretendían aplicar en la zona de influencia del cártel de Tláhuac.