“Es fundamental que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General contra la Desaparición Forzada”, aseguró Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Además, propuso que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el país.
Jarab afirmó que la desaparición forzada es uno de los retos más grandes y dramáticos que tiene México, en materia de derechos humanos. Señaló que dentro de las cifras oficiales contenidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas a octubre de 2016 se tiene un total de 30 mil personas a nivel nacional.
“Más los que no son contados por las estadísticas; estamos hablando de muchos más”, advirtió.
El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década reciente “es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas clandestinas- que tiene en puerta la Organización de Naciones de las Naciones Unidas.
Jan Jarab participó junto con colectivos, asociaciones civiles de desaparecidos y representantes de defensores de derechos humanos, en el Foro Sobre Desaparición Forzada, denominado Contra el dolor y el miedo: Un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinolla”.
Durante su participación, calificó de grave “el tema de desaparición (tanto) como el del reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen registros confiables”. Aseguró que el estado de Guerrero es una entidad con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una de las entidades con mayor número de desaparecidos en el país, y ocupa el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen los estados de Nuevo León, y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora con 12.
El ombudsman mexicano, quien recordó el referente histórico de las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: “No permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia”.
Enfatizó su compromiso con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, y reiteró la importancia y urgencia de que el estado mexicano genere condiciones para garantizar la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada y la cometida por particulares, mediante acciones para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación del daño, así como garantizar su no repetición.
Hizo un llamado respetuoso pero enérgico al Poder Legislativo para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley General para la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) “que ponga a México bajo la lupa en el tema de las desapariciones”.
También participó Santiago Corcuera, ex miembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, con el tema: La ley general sobre Desaparición forzada; retos para su aprobación y subsecuente implementación. Así como la ponencia de Ariel Dulitzky, exmiembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, con el tema: La construcción de la legislación sobre desaparición forzada en México. Entre otros participantes.
(Con información de La Jornada, del portal Sur Digital y de la CNDH)