Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.

Francisco de Quevedo

En un estado se sanciona la compra y coacción de votos, en otro no. Hacer uso de una tarjeta que promete beneficios futuros, en especie y económicos en unas entidades es causa de nulidad, en otros no. La incursión de autoridades gubernamentales que hacen uso de un gran dispendio de programas sociales en algunos lugares del país son considerados violaciones electorales, en otros se trata de la labor social que no debe frenarse bajo ninguna circunstancia.

Los rebases de topes de campaña en algunas entidades —donde por supuesto se rebasaron, y en extremo— son el centro de la determinación de los magistrados electorales para construir una argumentación jurídica que dé sustento a la anulación de los resultados de una elección. En otros proceso electorales en el mismo país y con las mismas reglas, construyen argumentos jurídicos para demostrar que no se rebasaron los topes y que no existen pruebas que sustenten las impugnaciones.

Ambos casos son reales, suceden en nuestro país y las determinaciones contrarias las toma la misma autoridad, que mide con distintas varas procesos similares. Coahuila y Estado de México, dos entidades de nuestro país que hace apenas unas semanas vivieron procesos electorales para cambio de autoridades gubernamentales. En ambos vimos lo peor en cuanto a mañas, compra y coacción del voto, influencia de los gobiernos, carretonadas de dinero repartido por todos lados ante la inactiva autoridad electoral.

Hubo proceso electoral en dos entidades mas, pero estas han pasado a segundo plano, y todo parece indicar que los arreglos en ellas ya están dados. La incertidumbre sigue en Coahuila pues el conflicto electoral ha llegado hasta el Tribunal Federal Electoral y con los cabildeos realizados por las dirigencias nacionales de los partidos en conflicto, PAN y PRI, todo indica que esa elección se anulara y se convocará a una nueva.

En el Estado de México la realidad es otra, y a pesar de muchas evidencias de fraude y causales de nulidad, el silencio de los partidos opositores, los candidatos agraviados y las autoridades comparsas, en conjunto han logrado que ante la opinión publica se genere la percepción de que no hay nada mas que hacer. Incluso el Instituto Electoral local ya validó el cómputo final y ha entregado la constancia de mayoría al candidato del PRI.

Se trata de una constancia de mayoría de la minoría. En este sentido la mayoría se integró con los votos de partidos opositores y de ciudadanos que no votaron. Es decir, el acta de mayoría de votos debería de ser para los que no votaron por el PRI y sus aliados en el Estado de México, esa fue la autentica mayoría, sin descontar que en la elección del Estado de México hubo más irregularidades que en Coahuila. Pero esto no importa. Porque en nuestro país la justicia es selectiva. A unos inculpa; a otros exonera.

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