La fragua que no se apaga
con el hisopo de agua. Juan de Torres
A pesar del show mediático que desde el gobierno de la CDMX se despliega para digerir los daños ocasionados por el quirúrgico operativo naval que el 20 de julio acabó con Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos, y sus secuaces en su guarida de Tláhuac —y que confirmó lo que desde 2012 el linchamiento en San Juan Ixtayopan había prefigurado—, las acciones subsecuentes no garantizan el rescate de la seguridad para los tlahuaquenses.
Lamentablemente, el ánimo por lucrar políticamente con el tema ha prevalecido en el ambiente y ello no abona a entender que ante el crimen organizado lo toral obliga a generar un frente común sociopolítico que restituya la tranquilidad precisamente ahí en donde el narco intenta reconfigurar las instituciones cooptando a servidores públicos e imponiendo la ley de “plata o plomo” en la región.
No son defendibles los silencios y evasivas exhibidas por el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobierno de la VII Legislatura de la ALDF, pero más que al linchamiento político, esa actitud debe mover a una profunda reflexión entre los legisladores en torno a las posibles causas de tal cautela.
La remoción del jefe delegacional de Tláhuac a partir de “acusaciones de oídas” no resolverá el problema de inseguridad que vive el territorio que gobierna y la ALDF corre el riesgo de convertirse en un instrumento del crimen organizado al distraer con el “circo mediático destituyente” la urgente atención que requiere la probable reconfiguración criminal de las estructuras gubernamentales.
Poner a disposición al fiscal territorial y a una decena de policías, al tiempo de destinar un ejército policial, es una acción efectista, de “apantalle” —como la calificó un diario de circulación nacional— que tampoco resuelve las causas del avance criminal en una sociedad vejada, abandonada y explotada electoralmente.
Tampoco concuerdo con solo ubicar el espinoso tema como un oportunismo perverso ante el imparable avance electoral, en la ciudad y el país, del partido del delegado.
La gravedad del asunto nos obliga a reconocer que, en materia de seguridad, los partidos políticos deberíamos construir una agenda común que conlleve al compromiso irrestricto de no lucrar políticamente con la inseguridad que padecen los vecinos y ciudadanos en cualquier punto de la geografía de la megalópolis o del país.
Una agenda común en la materia y la promesa de no lucrar, en 2011, permitió a los juarenses recuperar su perdida seguridad y abonó a generar condiciones de tranquilidad urbana, aunque allí nuevamente en el pasado proceso electoral estos logros se resquebrajaron ante la “traición” partidista, tanto a la agenda como al compromiso.
Parafraseando al primer lugarteniente del Uruguay, el español Juan de Torres, la fragua de Tláhuac no se apaga con “hisopos mediáticos”, sino con el fortalecimiento de un gobierno legal, ético y con valores democráticos.
