En el marco del décimo aniversario de la aprobación de la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conminó al Estado mexicano a reforzar las medidas para evitar que la avasalladora catástrofe humanitaria de los desaparecidos siga su curso.
Entre otras acciones, el personero de la ONU emplazó a las autoridades federales a que refuercen el régimen de protección internacional contra ese horrible flagelo mediante el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, lo que permitiría a los afectados o sus familiares presentar denuncias individuales.
Transportar a la realidad tal exigencia es absolutamente necesario e impostergable. La existencia de más de 30 mil víctimas, cifra notoriamente superior a los niveles reportados en los tiempos de las aciagas dictaduras del cono sur, es una poderosísima razón para proceder en consecuencia. A esto se aúna la respuesta oficial desplegada ante la problemática, sin duda deficiente, carente de compromiso, ayuna de empatía con el dolor ajeno e incluso propiciatoria de condiciones de impunidad, como a todas luces ha ocurrido con el inefable caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otros frentes de la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo ameritan un enfoque análogo. Los anillos complicitarios que han impedido que los pederastas religiosos y sus encubridores estructurales sean llevados a juicio pueden ser fracturados con el reconocimiento de la jurisdicción del Comité de los Derechos del Niño para recibir peticiones concretas. Ello implica la firma del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niños.
Las quejas inherentes a las burlas institucionales, los ninguneos, las humillaciones y los ataques sistemáticos a la dignidad de los discapacitados encontrarán un eco más solidario y efectivo si se asume el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se concederán atribuciones al Comité de la materia para que lleve a cabo investigaciones relacionadas con casos específicos.
Una vez que se suscriba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, trabajadores, ejidatarios, comuneros, grupos indígenas y, en general, los miembros de las clases económicamente débiles, podrán interponer reclamos puntuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Si se emite la declaración de adhesión a la esfera de competencia del Comité establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, nuestros compatriotas y sus familias tendrán una mayor y mejor protección jurídica y humanitaria
La apertura de esos caminos de justicia debe ser uno de los más vehementes reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.
