Por la trascendencia para todos los ámbitos de la vida del país, la decisión de quién será el primer fiscal general de la república pone en juego “el futuro del combate a la corrupción, a la impunidad y la impartición de justicia en el país. Por eso, resulta preocupante que haya quienes trivialicen esta discusión, que haya políticos que crean que es menor; nos estamos jugando el futuro de México”, afirma Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Recuerda que la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República (FGR) es una de las reformas que se impulsaron desde hace tres años, y logró el compromiso político de tener una fiscalía autónoma por primera vez, porque la Procuraduría ha sido conocida como el abogado del presidente de la república, incluso en este caso particular, además de que la institución por sí misma está hecha para estar sometida a la voluntad del Ejecutivo, el procurador tiene una probada relación con el PRI y con el primer mandatario del país”.
El actual procurador —destaca— “defendió al PRI en el caso Monex; es cercano al equipo gobernante y del presidente mismo, la suma de esas dos cosas hace que el procurador no tuviera independencia; desafortunadamente, la discusión es que se aprobó un artículo transitorio del artículo 102 constitucional que decía que el actual procurador pasaría a ser el primer fiscal de esta nueva institución”, el llamado “pase automático”.
Desde el punto de vista de toda la sociedad civil y de los partidos políticos, que redescubrieron este transitorio, es que eso comprometerá a la institución totalmente. Se comprometería la independencia y la autonomía de una fiscalía que está llamada a transformar la forma en la que se está procurando justicia en este país, explica el también politólogo.
Además “de tener por primera vez un órgano que no tenga tintes políticos en la persecución de los delitos y que no tenga cortapisas, porque somos testigos de que muchos casos quedan en la impunidad porque el ministerio público, que es parte de la PGR, no ejerce el monopolio de la acción penal, es decir, no se decide a perseguir a los criminales simplemente porque tiene la voluntad de decidir si se hace o no se hace”.
Sin diseño
Sin embargo, para el licenciado en derecho por la UNAM, el problema va más allá, la oposición no es solo contra Raúl Cervantes Andrade, no, el problema no es como ha sido popularmente conocido: “el fiscal carnal”, sino que todavía no se tiene el diseño de cómo quedará la fiscalía. “Nos estamos lanzando a una discusión sin que todavía tengamos claro cómo quedará, porque incluso si llega una persona con probada honradez y con probada autonomía a una institución que no tiene las facultades suficientes o que esté atada de manos, no se tendrá una fiscalía independiente”.
Comenta que precisamente los dos colectivos de la sociedad civil que son Vamos Por Más y Fiscalía Que Sirva, presentaron en el Senado un dictamen ciudadano de cómo debería ser esta fiscalía autónoma. “Entre las características que debe tener está contar con un mecanismo para el nombramiento que involucre a la sociedad civil; que el fiscal tenga un periodo de duración transexenal, pero no de nueve años como está pensado originalmente, es demasiado largo, necesitamos que sea un periodo más acotado, seis años es la propuesta de la sociedad civil y que sea transexenal, que no esté empatado con los tiempos de la administración del Poder Ejecutivo”.
Apunta que ya hay una serie de particularidades que el diseño va profundizando, por ejemplo, se trata de tener más estrategias de despolitización del ejercicio de la justicia; hacer que haya más casos que sean perseguidos de oficio y que no pueda esconderse abajo de un escritorio la participación; que haya una mejor vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque parte también de la Fiscalía Que Sirva es que necesitamos que el fiscal anticorrupción tenga más facultades, porque otra vez, también está congelado en las cámaras la designación del fiscal anticorrupción, aún no se abre una discusión de cuáles serán las capacidades que debe tener o la forma en qué debe ejercer.
Por tanto, “a la par que la fiscalía autónoma, debe ser rediseñada para ser independiente políticamente, tenemos que rediseñar esa fiscalía especializada que es la de los delitos de corrupción para que tenga también mucha más capacidad para perseguirlos, y poder articularse con el SNA”.
La designación
Leonardo Núñez expresa que para la designación del fiscal general de la nación, “lo primero que se tiene que hacer es incorporar un mecanismo que está ausente en la forma de hacer política, que es el parlamento abierto y gobierno abierto, esto pasa por transparentar y abrir la discusión. Se tendría que repetir un ejercicio similar al que se hizo con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Corrupción (SNA). Lo que se diseñó en esa ocasión fue un amplio debate entre las instituciones académicas y la sociedad civil para conformar. primero, un cuerpo colegiado, autónomo, y luego que ese cuerpo colegiado sea el encargado de la designación o de la propuesta”.
En este caso, “hay que abrir esos canales de comunicación y no permitir que la designación pase simplemente por la decisión política del presidente con la aprobación de los partidos políticos; tenemos que abrirlo a la participación y a la discusión en la sociedad civil y la academia”.
El investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte que estas serían las condiciones necesarias, mas no suficientes para blindar totalmente la fiscalía general, “porque también se necesita que una vez que se diseñen las reglas adecuadas y que no lleguen las personas que no brindarían independencia, llenarla con personal y con nuevos funcionarios que tengan una voluntad de trasformar el país”.
“Sería una desgracia que lográramos evitar que llegue el actual procurador Cervantes y llegue una persona igualmente comprometida con el gobierno o que no esté dispuesto a trasformar el país. Las condiciones que estamos tratando de crear son necesarias mas no suficientes, se necesita siempre un acompañamiento de la sociedad civil, de las oposiciones políticas, de la ciudadanía en sí misma y de nuevos personajes. Muchas instituciones despiertan cuando llegan a comandar las personas que están realmente comprometidas para trasformar las cosas”, afirma Leonardo Núñez.
