Tras el crimen de la joven Mara Fernanda Castilla una vez más el problema de la violencia contra las mujeres en México se ha puesto en la mira.

Tan sólo en Ciudad Juárez sesenta y cuatro mujeres han sido asesinadas este año. De acuerdo con la Fiscalía General de la entidad, esta cifra rebasa el total de la del 2016, cuando sumaron 56 victimas.

Mientras el caso de Mara continúa avanzando, la exigencia continúa tanto en el interior como en el exterior. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) han señalado que el país vive “un contexto que desprecia la vida de las mujeres”, y padece “un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que debe revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres”.

ONU Mujeres y ONU-Derechos Humanos, también se sumaron al reclamo. En un comunicado expresaron un “profundo dolor e indignación” por el crimen, “la desaparición y el feminicidio de Mara Fernanda Castilla se produce en medio de una alarmante situación que debe atenderse de manera urgente”.

“En 2016, 7.3 mujeres fueron asesinadas cada día en México, lo que evidencia la violencia generalizada contra mujeres y niñas. Ningún caso de asesinatos de mujeres y feminicidios debe quedar en la impunidad”, alertaron los organismos.

Ambas organizaciones advirtieron que la obligación de empresas como Cabify y Uber deben de colaborar con las autoridades ante acciones de búsqueda inmediata, al tiempo que tienen la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir la violencia contra mujeres.

Hay que recordar que tan solo en Puebla, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) ha documentado 324 casos, lo que significa que cada cinco días una mujer es asesinada en territorio poblano. De estos casos, 82 han sido perpetrados en lo que va del presente año uno de ellos es el de Mara.

De a cuerdo a estas cifras de cada 100 feminicidios que se cometen en Puebla, 98 quedan impunes porque los responsables no reciben una sentencia condenatoria del Poder Judicial.

Asimismo, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó que el estado de Puebla ocupa el tercer lugar en la desaparición de mujeres en México. Destaca que de 1637 casos de desapariciones, 824 corresponden a mujeres, lo que equivalente al 50.34 por ciento del total de casos en la entidad.

“Puebla es la única entidad del País con un mayor número de mujeres que hombres víctimas de desaparición y es la tercera entidad con un mayor número de mujeres desaparecidas”, indicaron en un comunicado.

 


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Llaman activar alerta de género a nivel nacional

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado a evaluar con solidez la posibilidad de activar la Alerta de Género a nivel nacional y a que los tres niveles de Gobierno logren trabajar para que el mecanismo se fortalezca y sea más eficiente.

En entrevista con diversos medios de comunicación dijo: “Yo vuelvo a levantar la voz para que fortalezcamos el mecanismo de alertas en contra de la violencia de las mujeres”, esto luego de indicar que hasta el momento se han registrado 26 procedimientos de quejas contra asesinatos de mujeres en distintos municipios de 26 estados de la República.


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En tanto, funcionarias y activistas de Latinoamérica y Europa, reunidas en El Salvador, también se unieron al llamado a los Estados de todo el mundo para erradicar la violencia de género y poner un alto a los feminicidios y abusos que se comenten en ambos continentes.

Dubravka Simonovic, relatora de las Naciones Unidas, pidió a los miembros de este organismo internacional crear observatorios de feminicidios, a fin de que la ONU pueda tener datos comparativos para analizar de una manera más sistemática así como para realizar recomendaciones claves para los gobiernos y erradicar el tema del feminicidio.

Margarita Rodríguez, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres de El Salvador, alzo la voz para que los gobiernos del mundo pongan las cartas sobre la mesa y que de una vez por todas se den cuenta de lo necesario e importante que es atender el problema de la violencia contra la mujer.

La activista salvadoreña Alejandra Burgos señaló que, desde el 2011, al menos 42 niñas embarazadas se suicidaron debido a que vivían un embarazo forzado, en muchos casos fruto de una violación por parte de pandilleros.

“Es una situación grave y que se puede considerar que es un feminicidio de Estado, porque si no se toman las medidas necesarias para poder prevenir este tipo de situaciones hay una responsabilidad del Estado”, subrayó.