Entrevista con Edgardo Buscaglia | Universidad de Columbia

Dos acontecimientos sacudieron esta semana a México, uno de estos fue el doble sismo que causó casi 300 personas muertas y otra, la declaración hecha por el jefe de gabinete del gobierno de Estados Unidos, John Kelly, quien calificó a nuestro país como un Narcoestado fallido. La declaración la hizo ante los representantes demócratas del Senado y del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, a quienes el gobierno del magnate inmobiliario coquetea para que le aprueben el presupuesto para la construcción de muro fronterizo.

En una cena organizada por Kelly en el Salón Azul de la Casa Blanca con los representantes demócratas les explicó que la seguridad estadounidense está comprometida no sólo por la cuestión migratoria, sino por el deterioro de la situación política en México; la cual comparó con la crisis de Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez. Sin embargo, su apreciación fue aún más lejos pues destacó la influencia del narcotráfico y los grupos delincuenciales en el sistema político mexicano.

Para el especialista en temas de seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, la declaración hecha por Kelly pone en entredicho la legalidad del estado mexicano y dibuja un cuadro donde los grupos delincuenciales son los que determinan los intereses de partidos, la listas de candidatos y la secuencia del poder. Para el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana (México), Estados Unidos está haciendo un llamado a los políticos mexicanos para corregir fallas en el sistema democrático, el cual debe estar sojuzgado a instituciones firmes y auditorías cívicas que fortalezcan el mecanismo político y superen el cacicazgo y estatus feudal que caracteriza a la política mexicana, factores que han impedido que en este país anide un sistema político al nivel de las naciones de primer mundo. Esta es la entrevista que concedió a Siempre! vía telefónica.

¿Qué es el concepto de Estado fallido y cómo se aplica a un país?

Son instituciones públicas que no existen o que si existen no proveen un servicio como alumbrado, limpieza, educación, etcétera. No se brindan esos servicios porque el estado está colapsado.

Recientemente, el jefe de gabinete de Estados Unidos, John Kelly, calificó a México como un “Narcoestado fallido”, ¿en qué sentido lo dijo?

Edgardo Buscaglia

México no califica como “Estado fallido” en ninguna manera técnica, por tanto si Kelly lo calificó así, es más bien un disparate que lo haya dicho de esa manera. Lo que México sí es, es más bien un estado con “burbujas fallidas”.

 

El Estado mexicano tiene algunos sectores que trabajan muy bien como el de medio ambiente, que podría codearse con los mejores del mundo, pero hay otras áreas que brillan por su ausencia. A esto yo le llamo “burbujas de estado fallido”. Otro caso de estos son las unidades e investigaciones patrimoniales que no existe en los estados, y que deberían estar dedicadas a investigar de manera autónoma los delitos organizados desde los mismos estados y municipios que trabajan para poder determinar los vínculos entre la propiedad mercantil y las redes criminales de políticos y empresarios que se dedican a traficar y que ganan con ilícitos.

 

Grupos criminales internacionales

Estados Unidos ha señalado a México como un país con mucha corrupción federal, fiscal y política, ¿esto entra en la definición de Kelly?

Hay mucha impunidad en investigaciones de este tipo en México, más aún, no existen instituciones que se coordinen con el gobierno federal mediante una unidad de inteligencia financiera. En esos sentidos, México tiene más bien pedazos de “estado fallido”. En conclusión no existe una institución o, si la hay, esta no cumple con sus funciones, como es el caso de una institución de inteligencia financiera, lo cual es un gran regalo de Navidad para grupos criminales que llegan a México y hacen negocios sucios sin ningún tipo de restricción.

Estamos hablando de grupos criminales ucranianos, chinos, de la India que son los que se encargan de introducir el tráfico de opioides. Grupos criminales llegan a México y ven un paraíso en el que pueden operar tranquilamente, porque este país no posee una estructura estatal que brinde una probabilidad de ser castigado; que se identifiquen los activos. No sólo me refiero al dinero sino a bienes reales, inmobiliarios, propiedades, fábricas, los cuales no se identifican como vinculados a grupos extranjeros y, como esas unidades de identificación patrimonial no funcionan, pues México tiene entonces otro pedazo de “Estado fallido”.

 

Prostíbulo de la delincuencia organizada

¿Qué aspectos de Estado fallido puede identificar en el caso de México?

Millones de jóvenes en México viven en zonas de alto riesgo, con mucha pobreza. Mucha gente no estudia y no trabaja; estas personas se convierten en carne de cañón de la delincuencia. Normalmente países como Italia, generan instituciones a través de los gobiernos municipales donde ellos, cuando hay un decomiso a una red criminal, sea una casa o un auto, esas propiedades van a parar a redes de sociedad civil o de servicios a jóvenes como capacitación laboral, educación, aprendizaje técnica, etcétera.

México no tiene un marco institucional para poder cumplir con el Artículo 31 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada. Es decir, no hay un marco jurídico donde México analice los decomisos y pueda aplicarlos a sistemas de apoyo social.

En particular, visualizo 45 tipos de vacíos de estado. El más grave, es el vacío que deja la falta de control de las actividades políticas en el financiamiento de campañas, actividades de precampaña y todo ese marco institucional de causas modernas que tienen países como Francia, España, Estados Unidos, que son democracias funcionales o mínimamente funcionales, donde los partidos están sometidos al escrutinio de las sociedades civiles; esto, por supuesto, no existe en México. Eso hace que el sistema político mexicano sea un prostíbulo de la delincuencia organizada tanto nacional como internacional. Como un ejemplo podemos decir que, de cada diez pesos que se gasta en sectores políticos, nueve nunca se justifican, son cantidades que se esconden para diferentes propósitos que se asignan por “debajo de la mesa”; es dinero que no es auditado. Llama la atención que existan casos como el de Iguala o como ciertos municipios que han sido capturados por grupos criminales, mismos que son los que aprovechan que el sistema político no está sometido a auditorías por parte de instituciones federales y de organizaciones civiles; esto no existe en este país.

 

Intelectuales cómplices del feudo político

¿Qué recomendaciones puede hacer respecto a eliminar estas “burbujas de Estado fallido”?

En mi opinión propositiva sería actuar honestamente, dejar de usar asesores que hagan simulaciones de campañas, de manejos ocultos de dineros, que hagan “shows” para fingir que están haciendo todo bien, cuando en realidad están escondiendo bienes y dinero a los ojos de la ciudadanía. Dejar de darle el oxígeno que necesita el político para que siga saqueando.

En el fondo, las opciones mencionadas ni siquiera aparecen en ninguna de las propuestas de grupos de evalución civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad ni del sistema anticorrupción, que tanto celebran los intelectuales mexicanos con sus críticas pagadas. Todo esto no está incluido en el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que aclarar que no lo incluyen porque sean estúpidos, sino porque hay un pacto de impunidad entre políticos y la sociedad intelectual.

Es inconcebible que un sistema como esos no cuente con una auditoría ciudadana a los partidos, a los candidatos que estos proponen, que los partidos estén obligados a elaborar listas de aspirantes basadas en el voto popular; con precandidaturas sujetas a auditorías civiles. Si uno quiere ser candidato de Morena, del PRI o del PRD, se tiene que someter al voto popular de sus propios partidos y a las auditorias patrimoniales.

Esto se hace en todos los países que son democracias del mundo. Así se tiene la seguridad de que las listas de candidatos no son elaboradas por caciques o por simulaciones de democracia, como Morena como el PRD, el PAN y el PRI también. Todos estos vacíos subsidian a la delincuencia organizada y esa es otra de las razones por la cual México vive en una gran laguna de sangre, donde cada piraña es un señor feudal que va desde un presidente municipal, gobernador, funcionario federal y que compiten con violencia para apoderarse de un sector del gobierno. Es decir, la violencia mafiosa mexicana tiene un origen político. El sistema político mexicano está feudalizado.

Cada presidente municipal o gobernador es como un banco de dinero sucio para financiar a candidatos que van a puestos más altos como el de presidente. Luego este debe su vida política al gobernador, como sucedió entre Peña Nieto y Duarte. Por esa razón no se le tocaba a este, pues se transforman en banqueros de inversión que, con dinero ilegal, financian las campañas de los presidentes en turno. Todo ese sistema de auditoría no está contemplado en el Sistema Nacional de Anticorrupción y eso lo saben bien IMCO y los intelectuales pagados, los mismos impulsores de ese sistema. Este es otro ejemplo de vacío de estado que seguramente está viendo Estados Unidos.