El sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre marcó la memoria de los habitantes de la Ciudad de México. Derrumbó casas y edificios al tiempo que levantó muros de miedo y dolor con la muerte de 205 personas, registradas hasta el cierre y 138 más en diversas entidades.
El caso del colegio privado Enrique Rébsamen, en Prado Coapa, fue particularmente trágico: murieron 19 niños y 8 adultos; las labores de rescate fueron seguidas por millones de televidentes. Mientras, en el Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, ubicado en Xochimilco, se derrumbaron los puentes que conectaban tres edificios: perdieron la vida 5 jóvenes y 40 resultaron lesionados.
En los dos casos hay poca claridad. La dueña del colegio, Mónica García Villegas inició la construcción del inmueble que comprendía dos predios. Ante la creciente demanda escolar fue creciendo el edificio e incluso, sin contar con el uso de suelo requerido, se construyó un cuarto piso donde se encontraba el departamento de la dueña, que hoy se sabe tenía pisos de mármol —muy pesados— así como jacuzzi y bañera.
El colegio fue clausurado en 2010 y 2014 por diversas anomalías, a las que hicieron caso omiso, ni tampoco impidieron que el plantel cerrara sus puertas. En septiembre del año pasado, por quejas vecinales, se verificó el inmueble, donde —hoy se sabe— mostraron un certificado de uso de suelo apócrifo, que data de1993. El Instituto de Verificación Administrativa Invea solicitó a la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, Seduvi, la información, y se le dijo que ese documento no existía. El titular del Invea, Meyer Klip Gervitz, dijo que la construcción no fue verificada por ellos, ya que esta es facultad exclusiva de la delegación Tlalpan.
Al colegio se le impuso una multa por más de 107 mil pesos que fue apelada por los representantes de la escuela ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fue invalidada. Así, tres responsables de obra avalaron entre 2014 y 2017 que el colegio era apto para aguantar sismos.
La delegada de Tlalpan, Claudia Sheimbaum, rechazó a su vez las acusaciones pese a que fue el año pasado cuando se terminó de construir el último piso sin que las autoridades de la demarcación hayan realizado algún tipo de verificación, cuando era evidente la ampliación del inmueble.
Para el ingeniero Eduardo Sánchez Anaya de la Unidad Nacional de Ingenieros, la responsabilidad es de los propietarios del colegio Enrique Rébsamen por la falta de una revisión estructural, de la delegación que les da la licencia y de la falta de revisión de uso y operación para evitar el cambio del uso del inmueble. “El edificio es irregular en todos sentidos, desde la licencia de construcción de la delegación, del director responsable de obra y del corresponsable de seguridad estructural; además, por el tipo de columnas del edificio (son de 30 por 30 y no de 60 por 60 como lo establece la nueva norma del reglamento), así como el manejo de documentos apócrifos. El edificio es irregular en todos sentidos”, advierte.
En el caso del Tec de Monterrey, campus Xochimilco, los padres de familia han denunciado que las autoridades del colegio privado hasta ahora no les han explicado por qué se derrumbaron los puentes que conectaban los tres edificios, ni la deficiencia estructural que desde el primer sismo, el 7 de septiembre, ya habían provocado fisura y grietas en el inmueble, sin que se tomaran las debidas medidas de protección. Sánchez Anaya advierte que todas las escuelas, sean públicas o privadas, deben cumplir con la revisión estructural de sus inmuebles “a fin de reforzarlos luego de los sismos y donde, hay que decirlo, la mayoría no ha cumplido.”
Presiones de colegios particulares, corruptelas DRO
Hoy, las presiones de instituciones educativas particulares hacia la Secretaría de Educación Pública se incrementan, ya que para abrir las puertas de las escuelas se requieren dictámenes de carácter estructural que deben emitir directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural. Hasta ahora hay cerca de 40 reportes de escuelas privadas que tienen un pérdida total o cuyos daños son más que evidentes.
Los distintos colegios de ingenieros del país se han pronunciado por una revisión exhaustiva de los inmuebles a fin de garantizar la seguridad de los niños. Florencio Hernández, fundador del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles, incluso pidió no reabrir escuelas si no hay un estudio profundo y detallado de las estructuras.
Sin embargo, la Unión Nacional de Padres de Familia en voz de Consuelo Mendoza se quejó de que las escuelas particulares deben pagar de 10 a 15 mil pesos para obtener el dictamen que les permite seguir operando, y muchas de ellas, asegura, no cuentan con el dinero para contratarlo.
El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño ha señalado que la autoridad trabaja con el Colegio de Ingenieros Civiles de México para revisar la labor de los directores de obra asignados por las autoridades capitalinas en los inmuebles escolares pero será un proceso lento ya que resulta fundamental verificar, además, las condiciones de las escuelas públicas, donde hay daños en casi 14 mil inmuebles y cuya reparación costará 13 mil 650 millones de pesos.
Siguen creciendo escuelas ”patito”
Lo cierto es que ante la demanda de espacios educativos siguen aumentando las escuelas “patito”, muchas de las cuales primero fueron guarderías, luego se ampliaron y construyeron sin contar con el uso de suelo requerido ni acatando la normatividad, y donde la constante es la corrupción, como señala el ingeniero Edson Morales, secretario propietario del Ilustre Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
“El quid está en que cada escuela para entrar en funciones requiere de la anuencia de un director responsable de obra DRO, así como de un corresponsable de seguridad que avale la construcción por cinco años y el problema es que los DRO emiten su firma sin hacer una evaluación correcta de los inmuebles además de que prolifera la falsificación de documentos —como ocurrió en el colegio Rébsamen—, apunta.
Asegura que otra de las problemáticas es que el DRO actúa como un auxiliar de la administración y no está presente en los procesos importantes de la construcción, como el colado de los elementos estructurales, y estén ciertos de la calidad de los materiales y del proceso.
Morales se pregunta que pasó con muchos inmuebles recientes que colapsaron con los sismos, ¿a qué se debe? Y se responde, “a toda la corruptela que se ha venido generando en las distintas delegaciones y donde muchos desarrolladores compensan la pérdida económica en la calidad de los materiales de construcción y en los elementos estructurales, que son fundamentales”.
Cabe destacar que el pasado 18 de septiembre —un día antes del sismo—, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos le entregó al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, un proyecto para la actualización de las normas de construcción en la Ciudad de México.
De acuerdo con Salvador Camarena, columnista de El Financiero, la propuesta permitirá, entre otras cosa,s que el corresponsable en seguridad estructural tenga una verdadera supervisión y deberá rendir cuentas al gobierno capitalino, a fin de transparentar los procesos.
En opinión del ingeniero Eduardo Sánchez Anaya, se debe actualizar el reglamento sobre las normas técnicas complementarias en todas las áreas, así como revisar y modernizar los planes parciales de cada delegación para acabar con la corrupción que impera en las demarcaciones. “Hay que actualizar no solo el reglamento sino que cada delegación modernice su plan de desarrollo urbano, y que los colegios de ingenieros y la sociedad civil participen en el programa “Maestro en reconstrucción y rehabilitación de la Ciudad de México”, puntualizó
La moneda está en el aire.
