El viernes 20 de octubre se destituyó a Santiago Nieto con el argumento de haber violado el debido proceso, sin embargo, esta decisión del encargado de la Procuraduría es, a su vez, una violación al mismo principio de legalidad en el proceso de remoción del fiscal, ya que, al ser la destitución una sanción administrativa, debió haber sido sustanciada en términos del Décimo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional.
A su vez, la respuesta del PRI-Verde en el Senado, durante el proceso de votación para objetar la remoción, fue una violación al debido proceso, al pretender diseñar un formato a modo que incluye la comparecencia del acusado después del acusador, contraviniendo los tratados internacionales y la decencia jurídica. También pretendían ejercer un voto secreto para permitir el sufragio de algunos esquiroles, sin costo ante la opinión pública.
Esto sin contar que el encargado del despacho de la Procuraduría fue exhibido no solo como faccioso, incapaz de procesar con justicia y objetividad. Además, no cuenta con los requisitos legales para hacerse cargo de las funciones como procurador, toda vez que no alcanza los diez años del ejercicio profesional, lo que se acredita con la fecha de emisión de su cédula.
El tema no es menor, no se trata de defender a Nieto, él tendrá que hacer su argumentación y proceso. Se trata de defender el funcionamiento constitucional de las instituciones. No hablamos de la posición del fiscal, ojalá lo resuelva, hablamos de una remisión como reacción y una reacción de Odebrecht–Lozoya.
En un contexto donde el semáforo delictivo muestra el mayor incremento en los índices de violencia y delincuencia en el país, el peso en su nivel más bajo y un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento per cápita anual, alguien preguntará: ¿esto qué tiene que ver? Todo, es la catástrofe del Estado de derecho que impide la persecución del delito, la certeza jurídica para los inversionistas y la tranquilidad para los ciudadanos.
Frente a ella, el presidente ha decidido mantener el país en una anomalía institucional, en la cual de manera irresponsable México no tiene fiscal anticorrupción, fiscal general, fiscal de delitos electorales, no hay magistrados anticorrupción. Todo por una sola obsesión: los amigos, los incondicionales y los castrados tienen derecho a estos cargos.
Esperemos que sean los últimos lodos del gobierno de Peña.
En la sesión del Senado se observó que mientras la oposición unificada tomaba la tribuna, no hubo argumentación del PRI ni del Verde, ni ganas, solo silencio, disciplina y presencia. Nadie levantó la voz para articular un argumento, porque no lo había.
El sexenio de un gobierno defenestrado terminará pronto y todavía hay quien mantiene la postura de ser guardianes del fango y la corrosión.
Sí hay salida al conflicto, hay un gran potencial para restaurar la credibilidad de las instituciones y el Estado de derecho, pero esto transita por entender que las instituciones públicas no son patrimonio de un grupo de familias y de interés.
El presidente Peña tiene la oportunidad de recuperar la normalidad democrática, la fórmula es sencilla: dejar de proponer a sus incompetentes y ver que existen mexicanas y mexicanos buenos, fuera de su burbuja.
Este sencillo paso permitiría ver los perfiles idóneos y desatorar el enredo que desde el gobierno se ha creado.
@LuisHFernandez
