El Estado mexicano fue sujeto a un severo escrutinio internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el contexto de su 165 periodo de sesiones, realizado hace unos días en Montevideo, Uruguay, el ombudsman hemisférico centró su atención en los emblemáticos casos de Ayotzinapa y Coahuila, sin duda representativos de la grave y prolongada crisis de derechos humanos que vive el país.
En relación con el primero de ellos, el encuentro presidido por los comisionados de la Interamericana fue estrujante y profundamente conmovedor. Los padres de familia de los normalistas desaparecidos no se anduvieron por las ramas y en forma particularmente enérgica y valiente dieron curso a su justa indignación: “Ya son tres años de dolor, queremos verdad y justicia”; “se han burlado de nuestro dolor y cada mentira es para destruirnos más”; “nos están matando poco a poco y no podemos avanzar porque cada vez que hay algo las autoridades nos ponen trabas para no seguir”.
En plena consonancia con ese reclamo, Santiago Aguirre, representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, destacó que el gobierno ha actuado imbuido de un espíritu de mala fe al reivindicar en varias ocasiones la validez de la verdad histórica sustentada en la supuesta ejecución de los jóvenes en el basurero de Cocula, Guerrero; lo que evidencia el objetivo estratégico de poner en entredicho las conclusiones asertivas que en sentido totalmente opuesto a esa inaudita mentira oficial fueron consignadas dentro del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Los comisionados James Cavallaro y Luis Ernesto Vargas externaron una abierta crítica, con claros tintes de reprimenda institucional, en el sentido de que: “Es inconcebible que haya pasado tanto tiempo sin establecer responsabilidades en la órbita del Estado”. Asimismo, subrayaron la necesidad de que ya no se sigan defendiendo “hipótesis imposibles y descartadas”.
En otro orden de ideas, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron a la relatora especial para México, Esmeralda de Troitiño, un estudio en el que se da cuenta detallada de la masacre de Allende y de miles de casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en el estado de Coahuila durante el periodo comprendido de 2009 a 2016. El sentir de los representantes de los colectivos participantes en el encuentro de Montevideo fue expresado en forma por demás contundente: “El Estado es un miembro activo de la delincuencia, sobre todo mediante las corporaciones policíacas”.
En ambos casos, la respuesta de los representantes del Estado mexicano fue absolutamente anodina, evasiva, alimentada del afán de tender cortinas de humo y negarse a toda costa a reconocer la gravedad de los señalamientos.
En suma, ante la Comisión Interamericana se hicieron patentes dos refulgentes símbolos de la podredumbre política, ética y jurídica que campea en las altas esferas gubernamentales.
