Hace unos días presenté ante el pleno del Senado un punto de acuerdo mediante el cual exhorto a la Junta de Coordinación Política para que la selección de los magistrados electorales locales se realice con transparencia, en apego a la legalidad y con atención a la paridad de género, donde sean considerados perfiles profesionales idóneos, a fin de que la elección no responda a criterios de cuates y cuotas.
El Senado elegirá en breve a los magistrados de los órganos jurisdiccionales electorales de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México.
La selección de los magistrados electorales locales es importante porque recaerá en ellos la calificación del proceso electoral de 2018. Todo pinta para que sea una elección en lo oscurito, una elección sin transparencia.
Es imperativo que la Junta de Coordinación Política haga públicos los criterios para la selección de los magistrados electorales locales, justifique las razones por las que se decida cada designación, garantice la paridad de género en la elección y que el proceso de selección se conduzca bajo los principios que norman el Parlamento abierto.
El Estado se encuentra desarticulado, entre las causas de esta situación catastrófica destacan los altos niveles de corrupción, potenciados por designaciones de titulares en órganos de control realizadas con criterios partidistas, así como por la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de renunciar a una conducción imparcial del proceso electoral próximo.
En este momento, apostar a una designación opaca y arbitraria que privilegie una decisión facciosa, basada en intereses de grupo y acuerdos de partidos, sería de gran desprestigio para el Senado y de peligro para la impartición de justicia en México.
Sin estos mínimos elementos se profundizarán las contradicciones y se debilitará el Estado. Es momento de tomar medidas que aún son oportunas y que reencauzarán la institucionalidad en nuestro país.
Actualmente, priva en el imaginario colectivo una fe compartida de que el país no es conducido por el rumbo adecuado; la violencia es generalizada; el crecimiento económico es magro e incierto en el marco de una renegociación desventajosa del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los pilares de la economía del país. Para empeorar este escenario hay que agregar la bancarrota moral de un gobierno incapaz de detener la voracidad de sus “queridos” (gobernadores, directores de Pemex) y que ha terminado por convertirlo en un cómplice de la corrupción con una sociedad enardecida y agraviada, pero también activa, en particular, después de los sismos del pasado mes de septiembre. Todo esto afecta, de manera directa, la estabilidad del Estado y la prosperidad de los mexicanos.
El punto crucial es cómo construir una salida, una posibilidad de mejora, adoptar las mejores decisiones que brinden estabilidad al sistema y garanticen certidumbre a los ciudadanos; por todo esto es conveniente proponer las pautas mínimas de una ruta de reconciliación y fortalecimiento de las instituciones.
@LuisHFernandez
