¿Qué pasa si Naciones Unidas, organizaciones sociales, académicos y todo el mundo fuera de la nómina del gobierno rechaza una ley que es inconstitucional y no resuelve nada? La respuesta es nada.
En la próxima semana el gobierno junto con su servidumbre fuera de cualquier buen consejo y sensatez harán “la intentona” de aprobar la Ley de Seguridad Interior, con gran daño para el país.
Con el argumento falso de que significaría un apoyo a las fuerzas armadas se pretende aprobar un marco legal que lo único que hace es llevar a grado de ley un grave error.
Las razones para que no se apruebe esta dañina ley son: no resuelve nada, no garantiza un marco jurídico adecuado a las fuerzas armadas, ya que el artículo 129 de la Constitución es claro al mencionar que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, tampoco abona a la seguridad debido a que el problema es la ineficacia de las policías.
Resulta absurdo que después de todos estos años de tener al Ejército en labores de seguridad pública no se haya avanzado en la integración de policías, y busquen que se vote primero el tema del Ejército y no la solución que sería la formación de policías confiables.
Organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), UNICEF-México, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han manifestado que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada, dado que el actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley. La Coparmex, la Universidad Iberoamericana y organizaciones sociales también han alertado que de aprobarse esta ley podría haber consecuencias peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social.
El problema de México frente a la inseguridad radica en la debilidad del Estado para enfrentar a sus enemigos, en este caso la delincuencia. Esta deficiencia del Estado es alimentada por la corrupción, la complicidad y la mala dirección.
La Ley de Seguridad Interior no resuelve de ninguna forma el problema de fondo, simplemente es la evidencia de que el sexenio acabó y no hubo una política de seguridad más allá de la desastrosa decisión de juntar las Secretarías de Seguridad Pública con la de Gobernación, decisión política en la que poco importaron sus consecuencias en la tranquilidad de los mexicanos.
No cabe duda de que el PRI y su servidumbre, para variar con mayoría, cinismo y sin ninguna responsabilidad, lograrán aprobar esta ley. Lo único que se construye es profundizar los errores del pasado, pero ahora hacer la insensatez en grado de ley.
@LuisHFernandez
