Maldito el soldado que apunta  su arma contra su pueblo. Simón Bolívar

Contraviniendo el interés nacional y, como ya es costumbre, dando la espalda a la opinión de la sociedad, los diputados y senadores se disponen a aprobar uno más de sus engendros legislativos, como lo es la Ley de Seguridad Interior que, en contrasentido al Estado de derecho,  pretende legalizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles en labores que contravienen lo establecido en el artículo 129 constitucional.

Tal precepto de nuestra carta magna señala que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Tras su cuestionado triunfo en las urnas, Felipe Calderón buscó ganar legitimidad ante el rechazo generalizado del país sacando a las fuerzas castrenses de los cuarteles para dar comienzo a su guerra fallida contra el crimen organizado.

A sabiendas de que violaba de manera flagrante la Constitución, Calderón dijo al país que tal medida sería temporal, pero han pasado más de diez años y los soldados y marinos siguen desempeñando labores policiales y otras más que atentan contra los derechos humanos de la población. Ahora los legisladores pretenden dejar a las Fuerzas Armadas en las calles de manera permanente y, aún más grave, permitir al Ejecutivo su uso para reprimir lo que a su juicio pueda ser atentatorio de la paz interna.

Situación inaceptable para un país que no está ni en guerra ni enfrenta invasión alguna que justifique un Estado de excepción para las libertades ciudadanas, como lo marca el artículo 29 de nuestra Ley Fundamental. Bajo ninguna circunstancia puede consentirse en una democracia que además a petición de gobernadores o Congresos locales se utilicen las fuerzas armadas en labores policiales o en otras funciones de encubierta represión ante las movilizaciones sociales y otras  formas de manifestación pública.

La historia reciente contiene pruebas de la manera degradante en que desde el Poder Ejecutivo se ha desvirtuado la función original del Ejército. Como trascendió tras el golpe asestado al Sindicato Mexicano de Electricistas, en la madrugada del 11 de octubre de 2009, el espurio Calderón y su gabinete no dudaron en enviar a militares disfrazados de policías federales a desalojar con lujo de fuerza y las armas al ristre a los trabajadores que se encontraban en sus centros de trabajo.

Tal irregularidad contraviene la naturaleza de las Fuerzas Armadas y habla de la ausencia total de ética de los políticos que, en vez de dar a los miembros de las fuerzas armadas su categoría de soldados de la nación, los convierten en soldaditos de plomo, con los cuales creen poder jugar a su antojo o utilizarlos para intimidar a la sociedad, cual si se tratara de una dictadura militar.

Los legisladores que por consigna desoyen la voz de  la sociedad  no deben soslayar la indignación que en todo el país exige que se restablezcan la legalidad y el Estado de derecho, retornando a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. No debe permitirse que las armas de nuestros soldados apunten al pueblo.