Humberto Musacchio
El 24 de marzo se firmó el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Mediante ese instrumento, numerosas empresas —no todas— de los medios impresos y electrónicos se comprometen a que “la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada no sirva para propagar terror entre la población”, como si fueran los periodistas y no los criminales quienes mantienen aterrorizados a los mexicanos.
De acuerdo con el citado documento, los firmantes rechazan “justificar las acciones y los argumentos de los grupos criminales” ni servirles de voceros. Lo anterior, si entendimos, significa que terminará la prolongada y sistemática campaña de TV Azteca y sobre todo de Televisa para imponer a los mexicanos una amplísima y detallada cobertura de las actividades criminales. Quizá llegó la hora del arrepentimiento y con la bendición presidencial y algún otro favor del mismo origen se hace este acto de contrición. Lo de no justificar las acciones y los argumentos de los criminales sale sobrando, pues quien lo haga incurre en delito.
Algunos pasajes del documento de marras despiden un tufillo a autocensura, esa reiterada práctica de muchos medios de comunicación que en otros tiempos —los del PRI—rendía pingües dividendos. No otra cosa es aquello de presentar “siempre” la información policiaca “en su contexto correcto, en su justa medida y según su importancia”. Habrá que esperar a que alguien, quizá la oficina de prensa de la Presidencia de la República, diga cuál es ese contexto correcto, nos instruya sobre la medida justa y la importancia que debemos dar a cada información… ¡Por favor!
Otro punto espeluznante es aquel que pontifica: “Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y operativos contra la delincuencia organizada”. No hace mucho se amotinaron los policías de la Federal Preventiva en Ciudad Juárez, hartos de la corrupción de sus jefes, que por cierto siguen impunes. ¿No debemos decir quiénes son los corruptos? ¿Hay que callar ante el anuncio de un general-policía que se dispone a disparar sobre todo lo que se mueva, inocente o culpable? ¿Eso es poner en riesgo la viabilidad de las acciones y operativos?
Todo indica que ese documento se escribió sobre las rodillas para complacer a alguien que tal vez viva en Los Pinos. Es una grotesca proposición de autocensura y lo único decente y aceptable es rechazarlo. El trabajo de los informadores es informar. Lo demás es volver al pasado, es traicionar el genuino periodismo.