Según datos proporcionados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tan sólo en la Ciudad de México la superficie correspondiente a suelo de conservación ecológica invadida por asentamientos irregulares creció 21.3 por ciento en seis años, comprendidos durante el periodo 2010 a 2016. Este fenómeno se registra principalmente en zonas de un alto potencial ecológico localizadas en las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan, Cuajimalpa y Tláhuac, donde con el afán de construir vivienda irregular, los invasores depredan bosques y afectan el recurso hídrico de esos sitios.
Desde donde se le quiera ver, esta práctica ilegal es muy alarmante. En términos de sustentabilidad, arrasa con zonas verdes fundamentales para el hábitat que provee de vida a la ciudad. Y desde la perspectiva legal, las invasiones se han convertido en un instrumento de lucro para los especuladores que, a través de la venta ilegal de predios, ya sea directamente o mediante intermediarios, ponen en riesgo a quienes tienen la esperanza de encontrar un lugar para construir su hogar.
El crecimiento exponencial de asentamientos humanos en áreas protegidas no es privativo de la Ciudad de México. Prácticamente se da en todo el país, lo que presupone una criminal degradación ambiental en regiones geográficas con especial valor ecológico ricas en bosques, afluentes, fauna y flora que son arrasadas para dar lugar a vivienda irregular.
Este fenómeno venía obedeciendo a un notorio vacío legal en esta materia, que de alguna manera alentaba las invasiones. Por ello es de comentar que recientemente la Cámara de Diputados aprobó un dictamen promovido por el Partido Verde Ecologista que establece que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) será la responsable de vigilar que no existan nuevos centros de población dentro de áreas naturales protegidas. Y aunque esta disposición es de competencia federal, con seguridad tendrá repercusiones para que a nivel local se llevan a cabo medidas paralelas de protección de estas zonas en las grandes ciudades como la de México.
Por ejemplo, se precisa en el mencionado dictamen que la Semarnat, con la concurrencia de entidades federativas y municipios promoverá la participación social para vigilar que no se realicen invasiones. Además señala que el servidor público que teniendo la obligación por razones de empleo, cargo o comisión de autorizar asentamientos, vigilar lugares, instalaciones u objetos, e incumpliendo en su deber autorice, permita u ordene la fundación de nuevos centros de población en áreas naturales protegidas o el establecimiento de algún asentamiento humano irregular, comete el delito de ejercicio ilícito.
Seguramente que con este dictamen establecido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se tendrá un escrupuloso control y se inhibirá la corrupción de los servidores públicos que propician las invasiones de terrenos ecológicos protegidos. Aunque es un dique legal importante, sin embargo, necesita de la participación comunitaria para erradicar por completo esta práctica criminal contra la sustentabilidad.
Secretario general del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México
