Martha Tagle
En América Latina el que los medios de comunicación tengan relaciones comerciales con las instituciones del Estado no es nuevo, por ejemplo, en Venezuela se han suscitado denuncias debido a la pauta oficial para presionar a los medios de comunicación, o el caso de Bolivia, donde Evo Morales ha dicho que “los medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, manipulan y desprestigian a las instituciones”.
En México la publicidad oficial sigue sin ser regulada, el Poder Ejecutivo ha destinado más de dos mil millones de pesos durante los últimos 5 años con la finalidad de dar a conocer los resultados y las acciones que se están implementando en el país para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Sin embargo, dichas acciones no están propiciando una mejora en los hogares de las personas y a la fecha siguen sin ser visibles ni tangibles. Recordemos que en 2014, mientras el estado de Guerrero colapsó por un huracán devastador, el gobierno de Enrique Peña Nieto desplegaba una campaña en radio, internet y televisión sobre los beneficios de la reforma energética.
Lo anterior, es muestra de la falta de sensibilidad que ha tenido la actual administración con la ciudadanía. Es inadmisible que se destine mayor recurso a publicidad gubernamental que al sector salud en nuestro país.
La Suprema Corte de Justicia en México se ha pronunciado diciendo que la ausencia de regulación en publicidad oficial propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.
Sin duda, históricamente la relación entre gobierno y medios de comunicación ha sido tensa, a nadie le gusta que se le señale cuando no cumple o no ofrece resultados, no obstante hay casos mucho más extremos, quizá el caso venezolano es de los más emblemáticos, es sabido que debido a las presiones del actual gobierno no se puede hablar de una verdadera libertad de prensa, y aunque los medios de comunicación se encuentren en manos privadas se han visto forzados a claudicar ante las exigencias del régimen por una sobrevivencia económica.
En México, fue hasta el 2007 cuando se reformó el artículo 134 constitucional debido a la “guerra sucia” que se desató en la campaña presidencial del 2006 donde los candidatos se enfrascaron en una discusión de dimes y diretes en vez de posicionar sus propuestas de agenda hacia la ciudadanía.
Recordemos que en el 2012, cuando el aun candidato Enrique Peña Nieto presentó un manifiesto denominado “Por una Presidencia Democrática” en el cual se comprometía a crear una instancia ciudadana que supervisaría la contratación de publicidad en los tres niveles de gobierno.
Actualmente, el compromiso del titular del Poder Ejecutivo sigue sin ser cumplido, es evidente la violación al artículo 134 constitucional debido a que los recursos se están usando indebidamente, ya que, se están destinando a la promoción e imagen a favor del funcionariado público.
El Senado mexicano tiene la obligación de legislar en la materia cuya fecha límite es el próximo 30 de abril.
*SENADORA POR LA CIUDAD DE MÉXICO
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