Existe una sospecha digna de considerarse que indica que en el estado de Oaxaca se cometió un delito electoral al utilizar recursos económicos, humanos y de infraestructura con fines electorales por parte de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión al cubrir los eventos partidistas en la gira del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.

Nos encontramos en una situación de conflicto de interés clarísimo que tendría que ser investigado y esclarecido para deslindar alguna probable falta administrativa por parte de la televisora estatal y la campaña de José Antonio Meade. Vale la pena recordar que CORTV es un medio estatal financiado con recursos públicos y, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, en este año le fueron asignados más de 54.3 millones de pesos de gasto. El pasado domingo 4 de febrero, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión transmitió de manera íntegra a través de Internet la reunión que sostuvo el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, con militantes de ese partido en la entidad.

La reunión fue difundida a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Todos los detalles sobre la visita a Oaxaca del precandidato del PRI con militantes fue difundida en tiempo real —circunstancia que ni las cuentas oficiales del PRI o del propio Meade hicieron—. La cobertura de la gira partidista por parte de la televisión estatal y tratarla como un asunto noticioso viola el artículo 86 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que una concesión pública debe tener mecanismos que garanticen la independencia editorial. En un país de leyes y con normalidad democrática, esto ameritaría una audiencia pública con representantes del Congreso y los titulares de la concesión para analizar si, en dado caso de existir una falta, sería procedente retirar la concesión pública a la corporación.

No es una exageración: en la cobertura del evento se utilizó personal y recursos materiales, los cuales son recursos públicos. Además, el uso de la señal digital incluye el membrete de la CORTV, por lo que se actualiza la posibilidad de una violación a la equidad en la contienda.

Pero la fervorosa preocupación de comentaristas, analistas y obreros de la industria de los puntos de vista parece pasar por alto este asunto. Es probable que lo consideren un asunto menor, insignificante. Esta apreciación es sintomática del estado de la libertad de expresión en nuestro país.

Y es que Freedom House nos ha catalogado como un país en donde la prensa ya no es enteramente libre y hasta 2016 —con datos de la organización Artículo 19— en México se han documentado 426 agresiones en contra de la prensa: 226 son funcionarios públicos, 17 son del crimen organizado, 31 son de un partido político, 69 son de un particular y 83 no hay elementos suficientes para determinar responsabilidades.

Ese es el país que nos ha dejado el PAN y el PRI en materia de libertad de expresión. Y de ese tamaño es el reto que enfrenta Morena a la hora de llegar a ser gobierno: restituir derechos a quienes han sido agravados y construir garantías para que esto no vuelva a pasar. Falta mucho, pero ya falta menos. Lo bueno es que en julio ya se van.

@ZoeRobledo

Senador de la República por Chiapas