Una de las más prestigiadas instituciones de la república requiere el concurso de todos para salvaguardarla y mantenerla ajena a la crisis de inseguridad que azota desde hace una década a nuestro país. Es cierto que la Universidad Nacional Autónoma de México, en tanto reflejo de nuestra realidad social, no podía, no puede sustraerse de los embates que el crecimiento de la delincuencia organizada, en especial el narcotráfico, ocasiona en la cotidianidad de la convivencia.

Nuestra universidad, una de las más grandes y mejores universidades del mundo, ha sido golpeada en las ultimas semanas por una ola de violencia producto de la lucha por el control de la venta de drogas que cobró la vida de dos narcomenudistas. Es cierto, como recuerdan los memoristas, que estas circunstancias ni son recientes ni tampoco novedosas, y casi todos se solazan en expresar que la venta y consumo de marihuana en las islas viene desde los años sesenta. Los mas acuciosos traen a la memoria días infaustos en que un seudomuralista y un porro armados de metralletas campearon y secuestraron nuestra universidad y se hacían de fondos comercializando y controlando la venta de enervantes.

Mas recientemente han acaecido sucesos como la detención de un posible dealer liberado poco después, un presunto suicidio de una joven, un ataque a balazos de una maestra y, desde luego, varios enfrentamientos entre diversas pandillas por el control del sustancioso mercado que representa su territorio, en el cual la autoridad publica no puede ingresar y les brinda una impunidad total.

Tienen razón y coincidimos con quienes sostienen que la autonomía universitaria se refiere a la libertad de pensamiento, de catedra e incluso a su gestión académico administrativa, pero de ninguna manera es sinónimo de extraterritorialidad, de impunidad, espacio en el cual no se aplica la ley y la autoridad estadual está impedida de actuar. En lo que diferimos respetuosa pero firmemente es en que la solución para atender este problema debe pasar por la intervención de autoridades policiales y militares.

La respuesta de la inviabilidad de esa propuesta no debe buscarse muy lejos, después de doce años de haber sacado al Ejército y la Marina de sus cuarteles, de realizar un oceánico gasto en las policías, de haber prácticamente militarizado el país; la violencia continúa, los muertos son cientos de miles, se bañó de sangre casi todo nuestro territorio y el trasiego de drogas no termina. En conclusión, la respuesta policiaco militar no funcionó y no es una opción racional para atender el problema.

El rector Graue asumió con decisión y valentía el liderazgo de la comunidad universitaria y se declaró en contra de la intromisión de fuerzas policiacas armadas en nuestra universidad, sin por ello dejar de reconocer que el poder público debe intervenir, por medio de la investigación de los órganos de inteligencia, para cortar el flujo de aprovisionamiento de enervantes y para detener y revertir la violencia asociada a la delincuencia organizada que pretende apoderarse del campus universitario.

La UNAM solo tiene la fuerza social, producto de la fusión del conocimiento y la investigación con la pluralidad del pensamiento. Es la hora de que todos los universitarios, no solo los de la UNAM, y todos los mexicanos de bien nos unamos, cuidemos y preservemos esta institución, la más noble de nuestra patria.