Prólogo
Lorenzo Meyer
“Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.” Ese razonamiento —que le hizo Miguel de Unamuno al general José Millán-Astray en octubre de 1936, en la Universidad de Salamanca y en plena Guerra Civil española— bien se puede aplicar a muchas otras circunstancias, entre ellas a los resultados de las elecciones para gobernador del Estado de México realizadas el 4 de junio de 2017, que son precisamente el objeto de análisis de este libro, coordinado por Bernardo Barranco.
Desde su fundación en 1929, aunque con otro nombre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha dominado sin interrupción la vida política del Estado de México y, hasta hace poco, del país entero. Todos los gobernadores mexiquenses, desde Carlos Riva Palacio hasta el actual, Alfredo del Mazo, han sido miembros del PRI. Durante la mayor parte de esos 88 años, la preocupación central de los gobernadores de ese estado colindante con la Ciudad de México (sede de los poderes federales) no ha sido cómo hacer frente al embate de los partidos de oposición —hasta hace relativamente poco, la oposición partidista, en la medida en que existió, era cooptable y no representaba un problema significativo para el gobierno de Toluca—, sino cómo negociar las tensiones internas del priismo local, para evitar la injerencia del gran poder presidencial en sus asuntos internos, y mantener así un espacio de libertad dentro de la atmósfera creada por un Poder Ejecutivo federal omnímodo.
El panorama anterior y sus reglas del juego se han ido modificando en los últimos decenios como resultado de cambios en la naturaleza del sistema político nacional. Estas modificaciones, si bien no han llevado al país a la democracia, sí han propiciado un mayor pluralismo, y las elecciones han dejado de ser elecciones sin contenido para tornarse en comicios competidos, aunque llenos de irregularidades y frecuentemente con resultados manchados por violaciones de fondo a las reglas electorales y por fraudes evidentes, hechos a la luz del día, como fue el caso del Estado de México en 2017.
Una consecuencia del cambio social —y en el sistema electoral a escalas nacional y local— es que, en el Estado de México, han surgido opciones al tradicional y aplastante dominio priista. En efecto, en 2005, Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI y sus aliados a la gubernatura, logró la victoria de rutina, que no sorprendió a nadie, pero con resultados que sí asombraron porque no eran los comunes: oficialmente y pese a contar con todo el aparato del Estado, sólo se adjudicó 47.58% de los votos. Fue gobernador por mayoría ya no absoluta, sino relativa. En la siguiente elección, la de 2011, el PRI volvió por sus fueros y la coalición que encabezó obtuvo, oficialmente, 62.96% de los votos; pero en 2017, el PRI mexiquense ya no pudo volver a confeccionar una mayoría absoluta e insistir en su excepcionalidad política. Ese año, los organismos electorales —colonizados desde su origen por el PRI— se vieron obligados a reconocer que la profesora Delfina Gómez, la candidata de Morena, y sin alianza con ningún otro partido, logró obtener 30.78% de los votos. El candidato oficial, el del PRI, la superó por apenas 2.78 puntos porcentuales gracias a la adición de los sufragios de otros tres partidos que conformaron su coalición, pues por sí mismo, el PRI quedó atrás de Morena. El grupo que tradicionalmente ha dominado el Estado de México retuvo el poder, pero en un marco de gran fragilidad y nula credibilidad.
Lo que los autores de este libro muestran y demuestran es que ese pequeño margen por el que finalmente se impuso Alfredo del Mazo Maza —hijo y nieto de gobernadores priistas mexiquenses— se explica porque a lo largo del proceso y como es tradicional en el Estado de México, los dados electorales estuvieron cargados, y bien cargados, a favor del partido que, ahi, llevaba ya 88 años monopolizado el poder.
Lo importante de la obra que el lector tiene en sus manos no es que le vaya a revelar algo que no conociera o sospechara. No, su importancia reside en explicar —con el detalle que sólo puede hacerlo quien vivió desde dentro ese proceso— cómo, en qué medida y con qué propósito específico se cargaron los dados en 2017 para confeccionar la victoria del PRI. Para el ciudadano, conocer los mecanismos del fraude es el primer paso para intentar neutralizarlo y minar lo que aún pueda quedar de la legitimidad del viejo sistema político de elecciones predeterminadas, ésas cuyos cimientos se echaron en el Porfiriato y luego, al concluir la Revolución Mexicana, se modernizaron y consolidaron por la vía de un partido de Estado (el PNR-PRM-PRI) y una Presidencia fuerte pero sin posibilidades de reelección, lo que facilitó lo que nunca pudo hacer el Porfiriato: la renovación de las élites sin cambiar el partido en el poder.
Esta obra estudia el caso del Estado de México, donde, en política, el pasado mantiene una feroz lucha de retaguardia para minimizar las fuerzas del cambio provenientes de su entorno externo y de procesos internos. Y los autores evidencian que ese mecanismo tiene varios niveles. El primero está conformado por el plano federal (también dominado por el PRI): la Presidencia de la República y todo el conjunto de secretarías de Estado y agencias federales con posibilidades de brindar servicios y entregar bienes y ayuda económica a la población. Ahí se coordinan las acciones para apoyar al candidato priista y su maquinaria local. En ese nivel también operan las máximas autoridades electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El primero apoyó al candidato oficial por omisión, en su papel de vigilante imparcial y profesional del proceso: simplemente no interfirió con el apoyo abierto que dio el gobierno federal y local al PRI ni investigó el flujo de fondos ilegales a la campaña provenientes, entre otras fuentes, de contratistas del gobierno. El TEPJF sirvió para desechar los reclamos documentados de la oposición.
El segundo nivel del mecanismo de dados cargados lo formaron los organismos electorales del Estado de México, plenamente capturados desde su creación por las autoridades estatales. Éstos en ningún momento actuaron con imparcialidad ni fueron vigilados por el INE. Es aquí donde se puede ver de manera más evidente el tradicional modus operandi para gestionar elecciones en dicha entidad federativa y en otras donde el poder sigue en manos del viejo partido fundado por Plutarco Elías Calles.
Un tercer nivel del mecanismo electoral montando en el Estado de México lo conforman los cuadros locales del PRI, que conocen al dedillo la naturaleza del poder a ras del suelo social. Ellos son quienes identifican a los posibles vendedores del voto, a los susceptibles de ser influidos o coaccionados. Son los operadores que conocen al detalle las características de su entorno social y van casa por casa, dando o prometiendo recompensas concretas al votante y facilitando su movilización para los mítines y, sobre todo, para el día de la votación.
Se trata, y en esta obra se ilustran los mecanismos específicos, de explotar las oportunidades que se abren en las zonas donde la pobreza es el factor dominante, el que abre las puertas a la maquinaria partidista con recursos para ofrecer dádivas e inducir el voto. Son las áreas de la geografía social donde las carencias hacen muy difícil que tengan sentido conceptos como ciudadanía o democracia. Es aquí donde, como bien lo señala Bernardo Barranco, el concepto de “elección de Estado” adquiere y muestra a plenitud su naturaleza, su esencia.
El que se haya podido llevar a cabo una elección de Estado en 2017 implica, en primer lugar, que en México y hasta la fecha, la llamada “transición democrática” no ha sido tal, que el viejo régimen autoritario sigue dominando buena parte de la vida política del país. Es verdad que el hecho mismo de que un partido recién formado como Morena haya logrado que se le reconocieran más votos que al PRI de 88 años es un indicador de que las antiguas fórmulas políticas del autoritarismo se han debilitado. Por otro lado, el que pese a todo el grupo que ha manejado la política mexiquense —algunos lo llaman el “Grupo Atlacomulco”— se haya impuesto una vez más mediante la confección de unas elecciones particularmente sucias y carentes de credibilidad, demuestra que la democracia política en nuestro país no es una realidad sino apenas un objetivo, cuyo logro no está, ni de lejos, asegurado.
La experiencia electoral de 2017 en el Estado de México revela que el actual sistema político mexicano es, en realidad, un híbrido que mal combina ciertos rasgos democráticos con otros más numerosos del pasado autoritario. Y estos últimos amenazan con ser los factores determinantes del futuro político de México.
Y es que, como se argumenta en esta obra, el conjunto de acciones que se llevaron a cabo en las elecciones mexiquenses de 2017 debe verse como un ensayo de lo que, desde el gobierno, se intenta que ocurra en 2018 a escala nacional. Así pues, y regresando a la cita inicial de Unamuno, pareciera que a los que manejaron la elección mexiquense que aquí se examina realmente ya no les importó convencer sino simplemente vencer. Y cuando en los procesos nacionales relevantes ya no importa convencer, es decir, cuando para los responsables ya es irrelevante la credibilidad, fuente central de la legitimidad, entonces el choque de los intereses políticos se puede llevar del plano de las urnas al plano de la fuerza, es decir, a ese campo donde ha fracasado la política como administración negociada de las inevitables diferencias y contradicciones de una sociedad. Ojalá que la lección que se saque de la experiencia mexiquense lleve a todos los responsables políticos y a los ciudadanos a aceptar que el camino que recorrió el poder en el Estado de México ya es inviable a nivel nacional, y que no reconocer esa advertencia puede terminar en un despeñadero donde muy pocos saldrán indemnes.
Introducción
Bernardo Barranco
De manera especial agradezco a aquellas personas que han dado su apoyo para que este libro sea una realidad
El infierno es un lugar o condición de castigo eterno. Para todas las grandes religiones, de diferentes maneras, la idea de infierno implica el tormento de aquellas personas o pueblos condenados. Infierno deriva del latín infernum o “inferior”, como el lugar del pecado. En diversas mitologías no cristianas, el infierno es el lugar que habitan de manera turbulenta los espíritus de los muertos malditos.
Las elecciones de 2018 empezaron en el Estado de México. En nuestra democracia jaloneada, lo electoral se está convirtiendo en un espacio dominado por la desatada codicia del poder. Ganar a toda costa, sin importar cómo. La zona electoral es de tentación y de tormento: la gehenna en la tradición hebraica, por la desmesura y la simulación. Las formas y los principios se desdibujan para mantener el poder de una camarilla o una persona. La penosa transición a la democracia carga ahora con procesos electorales impregnados por diversas versiones de fraude, en las que participan todos los actores. Lo electoral es un coctel confuso, una zona de pecados sociales que sólo comprenden los doctores de la ley y los fariseos. Los comicios se han convertido en zonas de encono, guerra sucia, campañas de desprestigio y agandalle. El poder sin principios y los principios sin poder. Las elecciones, lejos de ser una fiesta ciudadana, han devenido una conflagración sin escrúpulos: son la antesala del averno.
Usted cuestionará al que esto escribe que es un exceso intercalar la política electoral con teologías escatológicas, entreverar la religión con
la política. Y le respondo que dicho desenfreno proviene de la misma clase política en el proceso de las precampañas. Por ejemplo, José Antonio Meade hablando de adviento a mujeres mexiquenses en tono de homilía. O Andrés Manuel López Obrador llamando a un “diálogo ecuménico”, a encuentros entre creyentes y no creyentes. O Eric Flores, dirigente evangélico del partido Encuentro Social, que se define juarista y liberal. En contraparte, Enrique Ochoa, el presidente del PRI, decreta con tono de pastor pentecostal que todos los mexicanos somos guadalupanos. ¿Qué pasa? ¿Dirigentes políticos y candidatos a la Presidencia se convierten en predicadores baratos de la fe? El escándalo e indignación que causó Vicente Fox al ondear el estandarte guadalupano al inicio de su campaña presidencial en 1999 ahora se queda corto ante la subversión de roles: políticos que se sienten pastores y pastores políticos.
¿Los políticos quieren la redención divina y ganarse el reino de los cielos? Por supuesto que no, quieren el poder a toda costa. Con todo, ignorar las consecuencias de nuestras patologías electorales es la verdadera condena al fuego eterno que relatan diversos textos sagrados. Por ello, el título de este libro, El infierno electoral, es una llamada de atención a los excesos y abusos del poder para encauzar a su provecho la voluntad popular. Como bien dice Lorenzo Meyer en su espléndido prólogo, el viejo régimen autoritario sigue dominando buena parte de la vida política del país, y por supuesto es parte de la quintaesencia en el Estado de México.
Este libro es una radiografía crítica del proceso electoral mexiquense y, al mismo tiempo, una alerta: el mismo grupo que operó las elecciones en aquella entidad maniobra rumbo a las presidenciales de 2018. Es una denuncia a las desmesuras de quienes controlan el aparato de gobierno para trampear a la ciudadanía.
Las elecciones en el siglo XXI son cada vez más competidas. Los resultados tienden a ser mucho más estrechos y peleados. Por ello, cualquier irregularidad, por pequeña que sea, resulta determinante en el resultado final. Estamos muy lejos de aquel andamiaje electoral que otorgaba certeza, de aquel Instituto Federal Electoral (IFE) ciudadano, cuyos consejeros transmitían confianza por su lealtad a los principios de la democracia. Los Woldenberg, Merino y Cantú son ahora objetos de culto. Hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) es una grotesca caricatura, integrado por consejeros de consigna, militantes con mandato partidario o cooptados, cuyos votos y razonamientos son absolutamente predecibles. Gracias a las confabulaciones de los partidos, podemos sostener que vivimos un infierno electoral por las penosas regresiones y degradaciones institucionales. Pese a las reformas hay un efecto tobogán a punto de tocar fondo.
Hemos sido testigos, a lo largo de los últimos lustros, de un creciente desacoplamiento entre la normatividad electoral con la práctica de los operadores políticos. Estamos lejos de los burdos métodos de fraude electoral de antaño. En la actualidad la operación política electoral es integral y, en algunos casos, sofisticada. Utiliza incluso resquicios de la
espesa y barroca ley en la materia. Hoy el fraude electoral puede ser colosal y sistémico. El ámbito legal se convierte en un maloliente antro alejado de los principios éticos de la política. Actualmente bien podrían aplicarse las viejas teorías de la dualidad. En el campo electoral coexisten dos mundos: el normativo, por un lado (el del deber ser), y el sucio terreno de los operadores políticos.
Los autores de este libro, en su mayoría, hemos sido consejeros electorales, algunos con veinte años de experiencia. También la mayor parte nos hemos desempeñado en el Estado de México. Por ello, los ensayos reunidos tienen una fuerza que va más allá del análisis, pues los autores han sido testigos, actores y autoridades que, desde adentro, han conocido las reglas no escritas de la cultura política. Ninguno de los autores tiene una filiación partidaria, y todos gozan de la más absoluta credibilidad ética y política, ganada en trayectorias limpias. Poseen un profundo conocimiento del terreno electoral formal, así como de ese oscuro laberinto de acuerdos que a los partidos tanto les gusta transitar. En tanto consejeros, desde adentro sostuvimos luchas desiguales, tendientes a dignificar el papel de los árbitros. Muchos autores, ahí están las actas, resistimos manipulaciones y padecimos presiones políticas, en el mejor de los casos.
