La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido al menos tres denuncias penales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las que demanda la liberación del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, también conocido como “Che Guevara”.
Dos de ellas fueron presentadas como consecuencia de acontecimientos violentos, en los que grupos ajenos a la universidad se han disputado el control del inmueble.
Por propios y extraños, el auditorio Che Guevara ha sido señalado en numerosas ocasiones como un punto de venta de droga al interior del campus de Ciudad Universitaria y hace unos días en sus inmediaciones.
La más antigua de las denuncias fue presentada hace más de 12 años, el 20 de diciembre de 2005, un día en el que prácticamente la UNAM entraba en periodo vacacional. Fue interpuesta por el entonces rector Juan Ramón de la Fuente, quien el 9 de diciembre de ese año, en sesión del Consejo Universitario, manifestó que redoblaría sus esfuerzos contra el porrismo.
La segunda denuncia fue interpuesta el 23 de diciembre de 2013, cuando el rector de la UNAM ya era José Narro Robles y el procurador Jesús Murillo Káram.
Dicha diligencia se realizó días después de que un grupo de personas identificadas como anarquistas intentó arrebatar el control del auditorio a los grupos que lo resguardan.
Por último, la tercera denuncia se presentó el 3 de marzo del 2014, día en que se registró otro enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes, quienes se atacaron en al menos dos ocasiones en un periodo de 10 horas por el control del auditorio. Uno de los enfrentamientos se dio desde las 4 de la madrugada.
En esa fecha, el rector seguía siendo Narro y Murillo el procurador.
Graue, sin denuncia
Desde la llegada de Enrique Graue al frente de la rectoría de la máxima casa no se han presentado nuevas denuncias ante la procuraduría general, y desde noviembre de 2015, cuando asumió el cargo, solo se ha emitido un pronunciamiento de cuatro puntos en la sesión del Consejo Universitario del 18 de marzo de 2016, en la que se solicita, por la vía del diálogo y sin uso de cualquier tipo de violencia, la devolución del auditorio “para que sea reintegrado a la comunidad universitaria”.
No obstante, el estado procesal de las tres denuncias es información considerada como reservada debido a que se trata de investigaciones abiertas y su difusión “repercutiría en los indicios para el esclarecimiento de los hechos”, por lo que permanece protegida durante cinco años, desde el 3 de junio de 2016 y “hasta que se extingan las causas que dieron origen a su reserva”, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información formulada por Milenio.