La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, eliminar el fuero al Presidente de la República y a todos los servidores públicos que gozan de esa inmunidad.

A pesar de la ausencia de 130 de los 500 legisladores, el dictamen alcanzó y superó la mayoría calificada para una reforma constitucional y se aprobó con 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones en lo general.

La reforma constitucional anula la disposición de que el Presidente, durante el tiempo de su cargo, sólo puede ser acusado por tradición a la Patria y delitos de fueron común.

Con las modificaciones a los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114, se podrá proceder penalmente en contra el Presidente de la República en turno, secretarios federales, senadores, diputados, ministros y toda la clase política y del Poder Judicial.

Con base en 32 iniciativas que se acumularon en la 63 legislatura, los diputados eliminaron el proceso que debe seguir la Cámara baja para hacer la declaratoria de procedencia o el llamado desafuero.

La reforma al Artículo 111 constitucional señala que cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados se le podrá imponer cualquiera de las medidas cautelares que señale el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado.

Tras conocer el resultado de la votación diputados del PAN, el PRD, MC y Morena resaltaron que el dictamen es un logro de todas las bancadas y responde a una demanda ciudadana. Los priistas emitieron un comunicado en el que se adjudicaron la paternidad de la “Ley Meade”.

El candidato a la presidencia, de la colación Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “está bien, no debe de haber fuero ni privilegios”, indicó que sino lo eliminan ellos “lo vamos a eliminar nosotros”.

Una de las propuesta de campaña de López Obrador ha sido eliminar el fuero y eliminar los privilegios a los altos funcionarios, así como modificaciones a la Constitución para que el próximo presidente pueda ser juzgado por corrupción.