El tsunami de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador conllevó un mandato categórico en pro de un cambio y con esto también se hizo patente la necesidad de desechar las visiones fallidas de quienes hundieron el país en el caos, la pobreza y la desesperanza. La clase gobernante emergente encabezada por el oriundo de Macuspana está obligada a adoptar nuevos paradigmas mentales y políticos en los que los tremendos problemas que aquejan a la nación puedan tener soluciones adecuadas y duraderas.
Así lo ha entendido el próximo gobernante y es por ello que, contrario a la idea prevaleciente en las administraciones pasadas en el sentido de que la violencia debe ser combatida con una dosis mayor de violencia, la pacificación del país y la recomposición del tejido social son ahora la prioridad de prioridades.
El giro paradigmático tiene como espina dorsal el otorgamiento de una amnistía. Tal beneficio no alcanzaría a quienes han cometido delitos graves como delincuencia organizada, tortura, violación, homicidio, trata de personas, desapariciones. Siendo enteramente plausible, empero, esta iniciativa debe ser inscrita en un marco referencial cualitativamente superior.
En efecto, la crisis humanitaria que vivimos es de carácter multidimensional y solo puede ser diagnosticada y atacada asertivamente echando mano de una metodología basada en el enfoque epistemológico de las ciencias de la complejidad. En ese contexto, antes que nada debe admitirse que la violencia imperante desde hace 12 años es extrema y corresponde a la dinámica de un conflicto armado. El Reporte de Conflictos Armados 2017 de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra avala esta drástica aseveración.
A partir de esa premisa, también tiene que asumirse que las violaciones graves a las reglas del derecho internacional humanitario, aplicables a los conflictos armados, cometidas durante ese lapso son constitutivas de crímenes de guerra previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los cuales, por definición, son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
La pacificación del país no puede soslayar este aspecto estratégico. Las más de 300 mil vidas humanas segadas, las más de 30 mil desapariciones y el desplazamiento forzado interno de más de 300 mil personas no pueden quedar impunes. Si no se lleva ante la justicia a los responsables directos o por cadena de mando de esos y otros nefandos crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, se fomentará la impunidad y el tribunal supranacional en cita podrá ejercer la jurisdicción complementaria que le es inherente.
Así pues, la amnistía es insuficiente para lograr la paz social. Este objetivo estratégico será alcanzado si, y solo si, se cumplen a cabalidad los cinco deberes fundamentales que el derecho internacional le impone al Estado mexicano: verdad, justicia, reparaciones integrales, garantías de no repetición y preservación de la memoria histórica.
