La resistencia gubernamental a la puesta en marcha de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala, ordenada en la sentencia emitida por un tribunal colegiado de Tamaulipas, es más que evidente. Se trata de una acción que responde al malicioso afán de sabotear un instrumento que puede conducir al esclarecimiento de la tragedia que envuelve a los 43 normalistas de Ayotzinapa y a sus familiares.

Nunca antes en los anales de la judicatura se había registrado tan aparatoso despliegue de maniobras mediáticas y procesales destinadas al socavamiento de un fallo paradigmático dictado por tres valientes magistrados, cuyos nombres deben permanecer en la memoria colectiva como ejemplo viviente del rol que deben desempeñar los jueces en aras de defender la dignidad y los derechos humanos.

Encabezado por la Presidencia de la República, el cártel conformado por un abultado número de autoridades ha hecho valer más de cien “chicanas” dignas de litigantes fraudulentos. Algunas de ellas, fundadas en la idea ingenua de que a través de una simple aclaración de sentencia es posible modificar los pronunciamientos sustantivos en ella contenidos, fueron declaradas improcedentes. Otras, se refundieron en 43 revisiones extraordinarias planteadas ante el máximo tribunal, las cuales, al margen del rasgo psicopatológico que subyace en la coincidencia con el número de los estudiantes desaparecidos tendrán que ser desechadas de plano puesto que tal medio de defensa no está previsto en la Ley de Amparo.

Finalmente, a través de un “incidente de imposibilidad jurídica y material de cumplimiento de la sentencia” tramitado ante un magistrado unitario de circuito se exoneró a las responsables del deber de instalar la Comisión, alegando que su funcionamiento invadiría las atribuciones constitucionales del ministerio público.

Tal determinación es a todas luces insólita e inaudita pues el juzgador: I) vulneró el diseño constitucional del juicio de amparo en virtud de que un incidente de esta naturaleza no es apto para “darle la vuelta” a una sentencia ejecutoria; II) desacató el fallo en cuestión y transgredió el principio toral de la verdad legal o cosa juzgada; III) violó el derecho humano a la tutela judicial efectiva e impidió a las víctimas el disfrute del amparo y protección de la justicia federal otorgado por los magistrados.

Peor aún, a través de este irregular veredicto se atacó el derecho humano a la verdad reconocido en innumerables pronunciamientos emitidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la asamblea general de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este es, sin duda, un nefasto legado de la saliente administración al cual tendrá que hacer frente el próximo Ejecutivo federal, quien públicamente comprometió su palabra de honor, refrendada por Alejandro Encinas, inminente subsecretario de Derechos Humanos, en el sentido de que el caso Ayotzinapa no quedará impune y que habrá de brillar la luz refulgente de la verdad y la justicia.