En la misiva que el futuro presidente de la república envió al papa Francisco se consignó el siguiente mensaje: “Una lucha contra la criminalidad organizada ha implicado, para nuestro país, mucho dolor y un derramamiento de sangre incalculable. Una estrategia frontal de combate armado, represiva y militar, ha terminado generando solo sufrimiento, y debilitando nuestras comunidades y toda la sociedad mexicana”. Más tarde, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, próxima titular de Gobernación, sin empacho alguno emitió un lapidario veredicto: “Tenemos dos sexenios de muerte, desolación y una ola de violencia imparable. Nos dejaron a México convertido en un cementerio”.

Ambos señalamientos ponen de manifiesto que el país ha vivido, y sigue viviendo, un verdadero holocausto cuyo saldo sangriento corresponde sin lugar a dudas a la dinámica letal de un conflicto armado interno, tal y como fue advertido en el Reporte de Conflictos Armados 2017 de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Ginebra, así como en la Evaluación de Conflictos Armados 2017 del Instituto de Estudios Estratégicos, con sede en la ciudad de Londres.

Conocer la verdad y hacer brillar la justicia en relación con esta hecatombe es un derecho humano inalienable de la sociedad en su conjunto. Así se deduce de lo establecido en la resolución A/RES/68/165 de la asamblea general de la ONU, en el texto “Derecho a la verdad en América” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hacer realidad ese derecho colectivo implica, entre otros aspectos: I) conocer el entorno, directivas, estructuras, políticas, patrones, procesos, desvíos y personas que posibilitaron el desarrollo de esa guerra irregular; II) visibilizar y dar voz a las víctimas y sus familiares; III) identificar las reparaciones integrales que deben ser otorgadas en función de las particularidades de cada caso concreto; IV) dar cauce a los cambios normativos, orgánicos, políticos y de otra índole que sean necesarios a fin de garantizar la no repetición de las atrocidades; V) preservar la memoria histórica de los agraviados.

Igualmente, se requiere idear los mecanismos de justicia transicional que faciliten la restauración del tejido comunitario y llevar ante la justicia a los responsables directos y por cadena de mando de los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados a lo largo de los ignominiosos sexenios de Calderón y Peña Nieto.

Transitar de la locura a la esperanza implica un magno desafío que solo puede ser encarado mediante la creación de una comisión nacional de la verdad. La viabilidad de este excepcional instrumento está avalada por el derecho internacional proyectado tanto en el ”Conjunto de Principios Actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, normativa de las Naciones Unidas, como en los llamados “Principios de Bruselas”. Empero, su fuente de inspiración deben ser los casos de éxito provenientes de la experiencia de diversos países de América latina.