Si la saña fuerza al derecho, errarías
así ese derecho que debes de guardar.
Sancho de Castilla
Por vez primera en la historia y por decisión unánime de los integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se determinó anular el proceso electoral de la Alcaldía de Coyoacán por la acreditada violencia política de género ejercida por el PRD en contra de la candidata de Morena, la actriz María Rojo.
Al sustento de lo anterior, se añadieron pruebas contundentes de la entrega de recursos públicos a los ciudadanos de esa demarcación a través de un programa social, a pesar de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México había ordenado la suspensión de dicho programa, situación que, a criterio de los juzgadores, “generó un claro beneficio a favor del candidato (Manuel Negrete), pues la entrega de los recursos se realizaba a través de funcionarios del mismo partido que lo postuló”.
Lo anterior fue reiteradamente denunciado no solo por Morena, también lo hicieron el PAN, el PRI y el PVEM de Coyoacán, presentando constantemente pruebas del descarado y fraudulento uso de recursos y programas gubernamentales a favor del candidato del sol azteca.
A ese apoyo ilegal, se suma el que desde la precampaña se denunció un sistemático acoso en contra de precandidatos y militantes de otras fuerzas políticas, a las que el PRD en Coyoacán pretendió amedrentar a lo largo de todo el proceso electoral.
Prueban lo anterior los indignantes hechos registrados el 3 de enero del año en curso en el parque de la colonia Villa Quietud, en los que se provocó la muerte por pánico de una de las asistentes, al tiempo que resultó lesionado el reportero de La Jornada Ángel Bolaños.
La persecución en contra de la actriz María Rojo pasó de denigrantes panfletos a rabiosos actos de intimidación, como el registrado el 22 de junio, cuando un centenar de individuos se manifestó frente al domicilio de la candidata, tapizando sus muros con mantas y carteles difamatorios y, a gritos, acusándola de asesina.
Para los integrantes de la Sala Superior del Tribunal, quedó ampliamente demostrada la violencia política de género que personas cercanas al candidato de Por México al Frente, Manuel Negrete, “aplicaron sistemáticamente, en contra de la candidata de Morena, lo que constituyó “una falta grave a los principios constitucionales que rigen en materia electoral y lo cual indudablemente impactó en la ciudadanía”.
Bien debía haber recordado el diputado Toledo la máxima del rey Sancho, pues durante el proceso de aprobación de las leyes electorales él intentó forzar con saña la fuerza del derecho, al escamotear el delito de violencia política de género, norma gallardamente defendida por todas las diputadas de oposición al PRD en la Asamblea, con el único fin de hacer valer ese derecho contemplado por la Constitución de la Ciudad a favor de la integridad moral y física de cualquier candidata.
