La organización Human Rights Watch ha comenzado a publicar una serie de análisis sobre el estado que guarda la violación de los derechos humanos en el país.
El primero de ellos lo dedica a condenar de par en par a las Fuerzas Armada y abre el texto con una pregunta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: ¿qué hacer con las fuerzas militares? La pregunta es retorcida, como retorcido es gran parte del artículo. Tiene el propósito de culpar, de manera exclusiva, al Ejército y la Marina de la violencia e inseguridad. Llama la atención que no hay una sola línea en contra de la delincuencia organizada, de su poderío financiero y en armamento. Tampoco hay una mera mención sobre los descuartizamientos, torturas y desaparición forzada que practican los narcotraficantes. Solo atribuye los crímenes y la violación de los derechos humanos a los militares.
Para Human Rights Watch, las Fuerzas Armadas —y no los cárteles de la droga— son los enemigos a vencer. Ellos, como otros, quieren a los militares hincados. Pero si de lo que se trata es de que el próximo presidente responda a qué hacer con las secretarías de la Defensa y Marina, la respuesta es sencilla.
Primero, prescindir de la ideologización. Cualquier valoración que se haga sobre el papel que deben tener a futuro las Fuerzas Armadas en la seguridad no puede seguir haciéndose a partir de lo que algunos cuantos fanáticos consideran lo políticamente correcto. Human Rights Watch, como otras organizaciones no gubernamentales que responden a intereses externos, han invertido millones de dólares en deslegitimar instituciones nacionales para debilitarlas.
La pregunta que procede hacer es: ¿con qué propósito?
El sesgo del análisis es más que evidente. Hace aparecer el Ejército como responsable de que no exista una policía federal capacitada. ¿De veras es el culpable?
El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ha dicho en varias ocasiones de manera contundente que “el Ejército no pidió salir a las calles”, pero que legisladores y funcionarios públicos, pasando por gobernadores y presidentes municipales no hacen lo que les corresponde para combatir la inseguridad. Soldados y marinos salen a combatir a los delincuentes porque no hay nadie más que lo haga. Punto. Y lo hacen acatando una instrucción presidencial.
Valdría la pena que los directivos de Human Rights Watch dijeran si los militares mexicanos deberían negarse a acatar una orden del presidente de la república, tal y como acostumbran rebelarse en países como Chile o Argentina, donde a través de golpes de Estado han demostrado que son “transparentes” y “leales” a las instituciones democráticas, como presume el texto de marras.
La obsesión por desprestigiar el Ejército —“La militarización de la seguridad pública ha tenido resultados desastrosos”— es tan evidente que cae en ingenuidades. Pondera las fuerzas civiles como si la policía no violara derechos humanos y no pudiera existir un Estado policiaco. Luego asegura que “la única investigación totalmente independiente que enfrentaron las Fuerzas Armadas fue la impulsada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. ¿En serio? ¿Cuándo diferentes medios dieron cuenta de los intereses económicos y políticos que inspiraban a varios de ellos?
López Obrador acaba de anunciar que conformará una guardia civil en la que participarán las Fuerzas Armadas y la policía en un mando único. Ojalá y lo haga preservando la dignidad del Ejército y la Marina. Sin odios y sin fanatismos hacia dos instituciones —tal vez las únicas— donde todavía se respira algo de patria.
