A partir del lunes 1 de octubre, los capitalinos tenemos nuevos gobiernos en las 16 demarcaciones, consideradas ya constitucionalmente como alcaldías, conformadas por alcaldes y en cada una también hay un concejo con diez integrantes de diversos partidos políticos. Es una fórmula innovadora de gobierno en la Ciudad de México que nace de la Constitución Política de la capital del país, donde se plasmó una nueva figura, cuya operatividad está probada en otras entidades de nuestra nación.
Las alcaldías tienen un concejo, presidido por el alcalde y tienen diez concejales, seis del mismo partido del gobernante, que fueron electos el 1 de julio, y cuatro más de diversos partidos, según su nivel de votación. En lo general, el objetivo de estos concejales es ejercer un contrapeso a los gobernantes al supervisar su labor, aprobar el proyecto de presupuesto y, sobre todo, garantizar mayor cercanía con la población, dar seguimiento a sus demandas y exigir que los funcionarios de las alcaldías rindan cuentas.
Aunque estos objetivos son necesarios para una verdadera vida democrática en la ciudad, también lo es que esta nueva fórmula político administrativa debe demostrar en el plazo inmediato ante los ciudadanos que no es solamente un engrosamiento de la burocracia que absorberá más presupuesto en sueldos, sino que surge como una necesidad verdadera y apremiante de equilibrar la toma de decisiones en beneficio de los pobladores de cada alcaldía, y servir de puente de comunicación entre estos y sus autoridades inmediatas.
La Constitución de la Ciudad de México establece entre las funciones de los concejales lo siguiente: aprobar el proyecto de presupuesto de la alcaldía que será enviado a la Secretaría de Finanzas. Asimismo, aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la demarcación territorial; y la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriben entre la alcaldía, la Ciudad de México, la federación y los estados o municipios limítrofes.
También los respalda para llamar al alcalde o a los titulares de las unidades administrativas de las alcaldías a rendir informes ante el pleno o Comisión del Concejo; solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos; y cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación, podrán pedir a la alcaldía convocar los mecanismos de participación ciudadana, previstos en la Constitución de la Ciudad de México, como la consulta ciudadana y el plebiscito.
No será un tema fácil, en tanto que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que este presupuesto para las alcaldías será dividido de acuerdo con una fórmula que considera la población residente, la población flotante, personas en alta marginación y la extensión del territorio de la demarcación.
Secretario general del PVE en la Ciudad de México.
