Ximena Covarrubias Faure
Muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de recibir educación sin limitante alguna, no nos negaron la entrada, podíamos llegar con relativa facilidad y continuar nuestros estudios hasta donde deseáramos. Esto no es buena suerte, se llama accesibilidad: acceso a una educación de calidad, acceso a que nuestros padres tuvieran trabajo para que nosotros pudiéramos asistir al colegio, acceso a medios de transporte. Creemos que no merecemos menos, ¿y los demás?
No es noticia hablar de las dificultades y carencias de nuestro sistema educativo y su infraestructura. Constantemente escuchamos de niños que se quedan sin clases por falta de maestros, de alumnos que caminan kilómetros para ir a la escuela y de escuelas que apenas y tienen inmuebles o techo. Nadie debería estudiar así. Ahora, ¿qué pasa si a esto le sumamos la discriminación? No solo no hay buenas condiciones, sino —“no te dejamos entrar, vete a otro lado”— segregación.
El pasado 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado de prensa en el que declara: De acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo “general u ordinario”, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional. Este dictamen declara que la existencia de dos sistemas educativos —uno regular y uno especial para personas con discapacidad— es inconcebible en el Estado mexicano.
Lo anterior es, sin duda, un festejo a la inclusión y un avance en el cumplimiento de lo establecido por el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se establece el derecho a la educación inclusiva. Es importante recalcar que este concepto no es únicamente aplicable a personas con discapacidad (PcD), sino que es un derecho humano de todos los estudiantes basado en el principio de que todos los niños deben aprender juntos, independientemente de las condiciones de vida y reconociendo los diferentes estilos de aprendizaje que cada persona tiene.
No obstante, es importante que se tomen en cuenta los datos duros:
en cuanto a infraestructura solo 1 de cada 3 primarias y secundarias en México tiene rampas útiles para los usuarios de silla de ruedas, mientras que 86 por ciento de las escuelas indígenas y 82 por ciento de las telesecundarias en el país no las tiene. Por otra parte, es importante señalar que la gran mayoría de las escuelas primaria (98 por ciento) y secundaria (99 por ciento) no cuenta con señalización auditiva o táctil para personas con ceguera o debilidad visual y, menos de 30 por ciento de las primarias y solo 1 de cada 6 secundarias, cuentan con personal de apoyo para atender a estudiantes con discapacidad.
Es bueno que tras 10 años de haber ratificado la Convención para PcD se comiencen a tomar medidas para la educación inclusiva. Sin embargo, el gobierno debe tener bien claros dos conceptos: integración e inclusión. El primero abre las puertas sin discriminación, pero sin modificación alguna —si quieres entrar, aceptas mis condiciones—. Mientras que la inclusión implica no solo abrir las puertas, sino asegurarse de que quien entre tenga las mismas posibilidades que cualquier otro. En términos amigables para nuestros políticos: piso parejo.
