La libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos,
si no se puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndoles.
Nelson Mandela
Entre tantos dificultades nacionales, en medio de una consulta fake para continuar o no con la construcción del aeropuerto, y un sin fin de contrariedades que como país, sociedad y gobierno estamos viviendo todos los días, se suma otra que trasciende nuestras fronteras y genera una serie de problemas, muchos de ellos faltos de una reflexión profunda y en algunos casos de soluciones que permitan satisfacer el marco de protección internacional de los derechos humanos.
La caravana migrante que ha entrado en nuestro país por nuestra frontera sur y que se dirige con destino a los Estados Unidos de Norteamérica ha generado una serie de problemas legales de soberanía, seguridad, protección migratoria e inclusive genera el dilema de cuál es la autoridad realmente responsable para hacer cumplir la ley en cuanto a los derechos de los migrantes y a su vez garantizar el interés general, en este caso concreto de nuestro país.
La caravana migrante tiene su origen en Centroamérica cuyo mayor contingente es de ciudadanos hondureños que pretenden realizar una travesía por nuestro territorio nacional donde uno de ellos pretenderán ser aceptados para quedarse a radicar en nuestro país y la mayoría intentara hacerlo en la Unión Americana.
Un problema que trasciende fronteras, tres países involucrados. Estados Unidos de Norteamérica ha ejercido una gran presión para que sean las autoridades mexicanas las que enfrenten, detengan y disuelvan esta caravana lo cual resulta muy fácil porque el mayor problema lo tenemos en el territorio mexicano, Honduras debiese de pronunciarse con mayor fuerza y claridad respecto de los orígenes de este movimiento, mientras que la Unión Americana no puede imponernos condiciones, cuando lo más seguro es que la caravana no cruce su frontera como ya sucedió con anteriores caravanas migrantes en años pasados.
Para nuestro país resulta una grave problemática que nos ha empezado a polarizar, voces que exigen cumplimiento de la ley contra la caravana migrante a pesar de que se puedan vulnerar derechos humanos y otras voces que exigen trato humanitario a los migrantes.
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de tránsito, el mismo dispone expresamente que para entrar o salir del país no será necesario salvoconducto o documento expreso, salvo las restricciones civiles o administrativas, como sería el caso de las leyes migratorias.
El principio pro persona sirve para aplicar en materia normativa lo que más le beneficie a ella. El dilema de la autoridad mexicana está en cumplir la ley y la seguridad respetando los derechos humanos fundamentales de nuestros hermanos migrantes.
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