Desde hace 208 años, la configuración estatal del Estado mexicano ha variado diametralmente, transitando entre modelos de república centralista, federalista e incluso intermitentes imperios; sin embargo, a partir del establecimiento del actual modelo, desde el triunfo de la Revolución Mexicana y hasta nuestros días, la nación ha tomado una configuración política singular y propia de las necesidades sociales que ha vivido el país en los diversos momentos históricos.
Nadie mejor que el fallecido Dr. Jorge Carpizo para explicar el desarrollo e implementación del sistema jurídico y político que dieron nacimiento al “Presidencialismo mexicano”, en esa obra, realiza una ilustradora descripción sobre cómo las relaciones de poder provocaron que el ejercicio de gobierno recayera en el presidente.
Por muchos años la hegemonía que ejercía el Poder Ejecutivo sobre todos los órdenes de gobierno fue la normalidad, con el tiempo y la exigencia ciudadana de más democracia, el sistema político y jurídico también fue modificándose, la teoría de pesos y contrapesos de instituciones estatales cobró vigencia y fueron creadas reformas necesarias para que algunos sectores tuvieran independencia e, incluso, autonomía constitucional, con la finalidad de establecer libertad en la toma de decisiones importantes para el país.
El estado actual de las cosas muestra que no es la autonomía presupuestaria, administrativa o incluso constitucional lo que define la separación de poderes y, en muchos casos, contrapesos entre instituciones estatales. Mucho se ha especulado al respecto del peligro que representa el cambio de estado jurídico que guardan algunos organismos autónomos.
Desde mi perspectiva, una alternativa que soluciona el debate público, es la participación ciudadana, el derecho de la sociedad organizada a ser escuchada es patente desde hace mucho tiempo, pero al no ser vinculante se convierte en algunas ocasiones en “el derecho a ser ignorado”.
Es mediante la participación activa, informada y objetiva en la toma de decisiones que yace la garantía de control entre los poderes públicos y la sociedad, ya que por definición la democracia es participativa o no es democracia.
La transparencia y rendición de cuentas son condiciones inherentes al ejercicio del poder público, sea cual fuere el rango, esfera de competencia y con independencia de cuál es la naturaleza jurídica del ente del que se trate, un gobierno de puertas abiertas, franco y que involucre a la sociedad es el camino de la eficiencia.
La pluralidad de ideas enriquece el quehacer público y político, cuyo liderazgo tiene la tarea de lograr la unidad en las acciones para el bien social. Los derechos establecidos en la Constitución son un triunfo permanente de los mexicanos, en estos momentos lo que se debate es cimiento de la manera de ejercerlos.
Con independencia de la autonomía o no de los organismos públicos, lo que garantiza su eficacia es la participación ciudadana en el establecimiento de las directrices de los entes.
