¿Quién hizo el presupuesto? ¿A quién hay que responsabilizar del “error” de quitar más del 6 por ciento de recursos a las universidades públicas?

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó —con especial énfasis— que se trató de un “error”, es porque alguien está yéndose por la libre.

No fueron, por cierto, las críticas de la oposición minoritaria en el Congreso las que obligaron a López Obrador a reponer recursos a la educación superior, sino las protestas de las universidades.

Por primera vez, desde que asumió el cargo, se le vio preocupado tratando de corregir uno de los tantos golpes autoritarios de su gobierno. En un semblante descompuesto y un tono de voz desusadamente apresurado se evidenciaba el temor que sentía por llegar a ver a los estudiantes más pobres del país manifestándose en las calles.

Si la pifia no fue del presidente, entonces eso significa que hay algunos interesados de su equipo en afectar la existencia y estabilidad de esos centros de estudio.

¿Para qué darle más vueltas? La intentona de reducir presupuesto a la UNAM, IPN y el resto de las universidades públicas y estatales parece responder más a una estrategia muy bien armada, antes que a una simple errata. Se pretendía dar un golpe a la autonomía y libertad de cátedra de la educación superior.

El llamado “error” tiene varios y claros antecedentes. Por ejemplo, la disminución de recursos a la UNAM es el corolario del acoso que ha venido sufriendo ese campus universitario desde el 3 de septiembre de este año cuando un grupo de jóvenes con el rostro cubierto atacó a estudiantes que se manifestaban pacíficamente frente a Rectoría.

Desde entonces no ha cesado la aparición de “activistas sin rostro” que de manera violenta exigen el cumplimiento de una serie de demandas ajenas a la Universidad con el evidente interés de deponer al rector Enrique Graue.

A esa serie de sucesos, siguió otro “error”: la desaparición de la autonomía universitaria en el plan educativo del nuevo gobierno enviado al Congreso. Un “error mecanográfico”, se dijo, que de haber transitado hubiera implicado la consumación de un “golpe de Estado” a la independencia de las universidades y, por ende, a la libertad de cátedra y de conciencia.

Pero eso no es todo. El 19 de noviembre, el hoy secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, justificó como un “errorcito” el recorte que se hizo en el tabulador a los sueldos y salarios de maestros y trabajadores.

Para decirlo rápido: grupos radicales incrustados y con influencia en la actual administración cuentan con una estrategia bien diseñada para infiltrar y controlar los campus.

Aquí se repite lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los órganos autónomos de control. La meta del nuevo régimen es eliminar todo lo que huela a independencia y libertad.

El empobrecimiento económico de los campus facilitaría su desestabilización política. Se trata de convertir a los jóvenes en parte de una estructura ideológica partidista que pueda servir a objetivos electorales.

La apuesta es “secar” la economía universitaria para que los trabajadores y maestros emplacen a huelga, crear un conflicto laboral que provoque la expulsión de los directivos y sustituirlos por quienes designe el gobierno de la cuarta transformación.

El “asalto” a las universidades públicas pretende colocar en la silla de los rectores a quienes estén dispuestos a someterse a los dictados del partido en el gobierno.

La autonomía universitaria forma parte de las venas de la democracia. Su desaparición oficial u oficiosa, política o económica, sería equiparable a perpetrar un acto premeditado y salvaje.

Pero, como bien dice el presidente de la república, es de sabios reconocer y corregir errores.