Fue el 20 de mayo del año que concluyó la fecha en que se celebraron los comicios presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, resultando triunfador el presidente Nicolás Maduro, cuyo encargo durará desde 2019 hasta 2025. Ante éstos hechos, el autodenominado Grupo de Lima (GL), formado por 14 países, incluido el nuestro, emitió una declaración mediante la cual desconoce la reelección del presidente Maduro y lo exhorta a entregar el mando del gobierno a la extinta Asamblea Nacional, la cual fuera desaparecida debido a diversos desacatos al Poder Judicial venezolano y, en consecuencia, sustituida por un Congreso Constituyente electo mediante voto universal y con la participación de la oposición al régimen chavista.
Es de resaltar que México, a pesar de haber sido un activo miembro del GL durante el sexenio pasado, decidió no suscribir la declaración contra el régimen venezolano. Los procesos sociales y políticos de los países del continente han guardado relación y similitud en toda la región, es así que no se puede negar la crisis política y económica por la que atraviesa el pueblo venezolano, sin embargo, también se puede afirmar objetivamente que dicha crisis es una problemática regional, con peculiaridades en cada nación, ejemplo de lo anterior es la crisis migratoria en Centroamérica, principalmente por parte de Honduras, que además transita un periodo de inestabilidad política por un supuesto fraude electoral, esta crisis proviene del golpe de Estado perpetrado al presidente Zelaya en la primera década del milenio.
Otro ejemplo de la inestabilidad política y social que sufre Latinoamérica son los presos políticos, como Jorge Glas o bien Lula Da Silva, quien encabezara las encuestas para la presidencia de su país y fuera encarcelado antes de los comicios.
En una nación tan diversa como la nuestra, surgen voces que exigen la participación de México en los pronunciamientos contra el gobierno chavista, lo cierto es que apegados al Estado de derecho, nuestro orden constitucional establece los principios aplicables a esta situación en concreto, basta con mencionar el de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Los principios citados, además de ser derecho positivo contenidos en el numeral 89 de la Constitución, forman parte de la llamada doctrina Estrada, la cual proviene del periodo del presidente Pascual Ortiz Rubio, durante el llamado Maximato; resulta imprescindible recordar que durante décadas nuestra nación fue reconocida en el ámbito mundial por la aplicación y conducción de la política internacional bajo los postulados del profesor Genaro Estrada.
Los pueblos latinoamericanos compartimos historia, debemos ser conscientes de que la crisis aducida a Venezuela es un mal propio del continente y que más que dividir se deben buscar los consensos regionales para una mayor cooperación y atención de las problemáticas que nos aquejan a todos, es más conveniente realizar estrategias articuladas a escala continental para la cooperación y desarrollo de nuestras naciones, teniendo en cuenta la enseñanza juarista reconocida por el mundo entero: “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.