Por Norma Aceves
Sin duda en el Presupuesto de Egresos se hacen tangibles las prioridades y los intereses del gobierno en turno y de igual forma cómo quiere abordarlas; en el caso particular de la Inclusión de las Personas con Discapacidad observamos en una primera revisión un aumento sustancial derivado del Programa de Bienestar para las Personas con Discapacidad, que pretende en su operación máxima otorgar una transferencia de 1,274 pesos a un millón de niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas de alta y muy alta marginación y con niveles de pobreza extrema, principalmente de poblaciones indígenas, en 1,857 municipios del país principalmente concentrados en los estados del sur del país.
Este programa tendrá un efecto positivo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, sin embargo, no garantizará su acceso a la educación, empleo, formación de la empresa propia y la participación en asuntos públicos, derechos clave en la inclusión de este grupo social, puesto que en su mayoría los recursos de los programas destinados a este fin han disminuido. Un ejemplo es el Fondo de Accesibilidad en el Transporte para las Personas con Discapacidad, que en 2018 contó con 500 millones de pesos, mientras que este año registra 400 mdp, distribuibles entre las 32 entidades federativas, para que pudieran adquirir y dar en concesión unidades de transporte público adaptado. La accesibilidad es un derecho fundamental, sin la movilidad las personas no pueden participar en su comunidad, relegándolas al aislamiento y la exclusión social.
En su mayoría los recursos de los programas destinados a este fin han disminuido.
Otro de los programas que recibió una considerable disminución es el de Coinversión Social de Indesol, el cual tiene como misión otorgar financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, para cumplir con su objeto social, a través de este se han financiado acciones para la prevención de la violencia debido a género, inclusión educativa para personas con discapacidad, capacitación para el empleo y obtención de habilidades laborales, entre otras. La disminución de casi 50 por ciento de su presupuesto para 2019 eliminará muchas acciones que las organizaciones civiles realizan y donde recursos humanos valiosos se perderán al no contar con financiamiento. De igual forma retira incentivos para la formación y profesionalización de organizaciones civiles, que tienen la posibilidad de cubrir las necesidades donde el Estado no podrá llegar.
Aunado a ello, hoy día no se ha nombrado al titular del Conadis, órgano rector de la política pública, quien en el sexenio pasado modificó reglas de operación de programas públicos, por ejemplo, a los diversos programas de financiamiento, capacitación e incubación de empresas que realizaba el hoy desaparecido Inadem, donde se había logrado que las personas con discapacidad pudieran recibir información, capacitación y financiamiento para abrir sus empresas.
La visión de la nueva administración respecto al empoderamiento y acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad tiene un carácter asistencial, sin duda necesario, pero sin una política de inclusión a través de la educación, empleo y participación política mantendrá en el rezago y peor aún en la clientela política a 7.2 millones de personas.