La nueva administración del todavía Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha sido centro de debates y polémicas por los apresuramientos de su directora, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces en iniciar su gestión, primero; y posteriormente por su nunca bien definido concepto de ciencia orientada, por los despidos de trabajadores y por contrataciones aparentemente poco fundamentadas.
Lo cierto es que ha tenido una relación muy tormentosa con los trabajadores del Conacyt y también con la comunidad científica por sus posiciones políticas en contra de los organismos modificados genéticamente y por sus planteamientos de reducción de becas, entre otras cuestiones. Pero aún faltaba lo más importante: una iniciativa de ley que le da todo el poder de decisión a la Dirección General.
Una ley arbitrariamente modificada
La senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, abogada litigante, el 8 de febrero pasado presentó al Senado una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que pretende reemplazar la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con la que se modificarían sustancialmente las relaciones entre el gobierno y la comunidad científica.
La senadora Rivera Rivera se autodefine como “capacitadora en temas de derechos humanos y empoderamiento político de las mujeres”, así como “integrante activa en la demanda colectiva en defensa del maíz nativo, contra las semillas transgénicas”, según se lee en la ficha de su candidatura, que se elaboró para el Instituto Nacional Electoral.
Con esos antecedentes que no revelan ningún interés o conocimiento del panorama actual de la ciencia y tecnología en el país, y que únicamente muestran su posición política en contra de los organismos modificados genéticamente, la senadora elaboró una abultada Exposición de motivos de su iniciativa, en la que se plantea “modificar diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados”.
En realidad modifica el espíritu de la ley pues deroga el inciso V del artículo 2 en donde se establecen las bases para el funcionamiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); asimismo modifica el artículo 19 en el que se establece que la Cibiogem formula y coordina las políticas gubernamentales relativas de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. En la iniciativa se pretende que el Conahcyt sustituya a la Cibiogem en esas funciones, pero sin que haya la competencia de organismos especializados en el tema.
De esta forma se plantea dar el poder de decisión absoluto al Conahcyt… y como su directora ha fijado su convicción ideológica —que no científica— en contra de los transgénicos, de aprobarse las reformas a la Ley de Bioseguridad se detendrían las investigaciones y proyectos existentes para aprovechar los transgénicos en beneficio de la población.
La ciencia soy yo, el Conahcyt
Si bien esa es una grave situación, lo peor es que la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías convertiría al tal Conahcyt en un ente autoritario y todopoderoso, pues solamente este Consejo sería el rector de la política científica del Estado, ya que se terminaría con la posibilidad de tener la asesoría o consultoría de organismos creados para ese efecto.
En la Exposición de motivos “se prevé que el Consejo absorba las funciones de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia y las del Consejo Consultivo de Ciencias”. Asimismo, plantea la desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece la relación con los organismos de los estados y la relación orgánica con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología.
“Los mecanismos de consulta con la comunidad académica, hoy normados en buena medida por la interacción en el Consejo General y el FCCyT, son sustituidos por foros de consulta ad hoc, nombrados por el Conahcyt con atribuciones, funciones y financiamiento definido por el mismo, en un claro conflicto de interés y desempeño como juez y parte”, según denuncia el FCCyT en su comunicado del 11 de febrero.
Se trata de otorgarle al nuevo Conahcyt todo el poder para decidir sobre la política científica del gobierno y sobre los proyectos de investigación que recibirán apoyo, sin que haya ningún contrapeso a los dictámenes del todopoderoso Consejo, ya que su Junta de Gobierno estará conformada por el presidente y once secretarías de Estado.
Entre las funciones de esa junta de notables estará “Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos y tecnologías que contribuyan al desarrollo nacional integral y al beneficio social”.
Lo cual estaría muy bien si se integraran a ese programa los criterios y propuestas de la comunidad científica, pero la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología parece elaborada para cumplir los deseos y convicciones de una funcionaria, sin atender las necesidades de la comunidad científica, ni los compromisos de campaña del presidente.
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f/René Anaya Periodista Científico