En una más de sus apocalípticas ocurrencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos notificó que un grupo de “expertos” estaban trabajando en una ley de puerta giratoria de diez años, o sea, buscan regular el hecho de que un servidor público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y en algunos casos pudiendo generar un conflicto de interés entre lo público y lo privado, en beneficio propio y en perjuicio del interés público; toma un sentido especialmente peyorativo en la medida en que se aplica a funcionarios que pasan de una administración que ejerce el control sobre una industria en particular a una empresa de dicha industria, Wikipedia dixit.
La génesis de esta ocurrencia se remonta a la esgrima verbal entre los presidentes Calderón y López, cuando este último le reclamo al primero que trabajar en la iniciativa privada después de haber llevado las riendas del país era francamente inmoral, Calderón le respondió que él podía comprobar el origen de sus ingresos por la vía de la comprobación fiscal, que le invitaba a debatir de forma pública cuál era la fuente de financiamiento que le había permitido vivir durante tantos años, López le ofreció una disculpa y una andanada de odio.
El primer acto fue recalcar que el solo hecho de trabajar en la iniciativa privada era inmoral, el segundo acto fue señalar a Calderón y otros ciudadanos, algunos exfuncionarios en su administración, sin prueba alguna, como los responsables de haber afectado y privatizado el sector energético en México; el tercer acto lo veremos cuando Zavala y Calderón busquen celebrar las asambleas de su proyecto partidario México Libre.
Las ordenanzas de puertas giratorias fueron diseñadas para el mundo financiero y el de la inteligencia civil, de forma simple y sencilla se busca que la información que maneja un servidor público pierda valor con el tiempo, lo cual es deseable para evitar abusos; este tipo de prohibiciones, aunque ya existían, alcanzaron fama cuando en 2013 en pleno Pacto por México, para la reforma político electoral se adoptó una prohibición de dos años para que los consejeros electorales del INE y de los OPLE no fueran contratados en las administraciones públicas derivadas de las elecciones en las cuales habían participado en su organización. ¿El motivo? Se alegaba que solo así el árbitro sería totalmente imparcial, al no poder recibir una promesa laboral a cambio de su voto en las sesiones más álgidas de Consejo General, sin duda ha funcionado.
En Occidente el promedio de años para transitar de lo público a lo privado es de dos años, pero el presidente López desea que aquí sea de diez años, argumenta que lo contrario es inmoral.
Con excepción de Japón, en donde la puerta giratoria se convirtió en prohibición total, en Occidente el promedio de años para transitar de lo público a lo privado es de dos años, pero el presidente López desea que aquí sea de diez años, argumenta que lo contrario es inmoral.
¿Inmoral para quién? Curiosamente lo es para un buen número de ciudadanos y para casi todos los integrantes del actual régimen, sin embargo, ahí radica el problema, el mundo de lo ético y lo moral raya entre lo íntimo y lo privado, no en lo general ni en lo público, lo que es malo para algunos no lo es para los demás y viceversa, justo por ello los ciudadanos de los Estados modernos nos hemos dado un marco jurídico que se aplica igual para propios y extraños, reglas impersonales y abstractas, no llevan dedicatoria.
Ahora bien, una puerta giratoria expresa no es mala, al contrario, se evitan conflictos de interés, así como un buen número de problemas, el punto fino de dicha propuesta son los diez años de prohibición, incluso quienes han estado presos solo ven afectados sus derechos políticos mientras se encuentren encarcelados, ni más, ni menos, al obtener su libertad de forma automática tienen el derecho de recuperar su vida.
Diez años de prohibición podría ser violatorio de derechos humanos, mientras que el artículo 5 constitucional establece que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”.
En el artículo 1 se marca que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La administración lopista busca no solo anular, sino menoscabar el derecho al trabajo, si tomamos en cuenta que el todavía existente INEGI, arroja que la esperanza de vida es de 78 años para las mujeres y de 71 para los hombres, un promedio de 75.5 años entre ambos, y que la edad productiva formal inicia entre la segunda y la tercera década de vida de un mexicano promedio, ello indica que dicha prohibición afectaría una quinta parte de la vida del trabajador mexicano.
¿Quién en su sano juicio buscaría un lugar en la administración pública federal? Ahora se trabajan más días, se gana menos, se tienen menos prestaciones y si por algo descubren o sospechan que se es pejefóbico, ¡PUM! se acabó y a ello se añaden diez años de prohibición.
Para que las puertas giratorias funcionen, es necesario que exista un incentivo económico para “entrar en el giro”, hasta antes del 1 de diciembre de 2018 eran los seguros de ahorro voluntario y retiro y en algunas dependencias públicas el “finiquito de ley”, eso ya no existe, era inmoral, punto.
El diablo está en los detalles, esta prohibición busca generar capitalismo de cuates, por eso el presidente afirmó que a todos los altos mandos de su gabinete les “va a dar un cochinito para que ahorren y puedan vivir al concluir su encargo”. ¿El monto? Solo él lo sabe.
Ante la falta de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas y voluntad política para informar, en 2024 vamos a ser testigos del verdadero significado del “¡Año de Hidalgo! ¡Qué chingue a su madre el que deje algo!”.