LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Aprobar o rechazar la Guardia Nacional es una de las decisiones más importantes que el Congreso de la Unión ha tomado, porque de ello depende no solo la estrategia de combate a la inseguridad, sino también supondría que, si no es civil, se pondría en riesgo el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.
La discusión relativa a la Guardia, de manera lamentable, siempre estuvo subordinada a los caprichos del presidente y de su abrumante mayoría en el Congreso. Lo que olvidaron fue que se trataba de una reforma constitucional en la que se necesita forzosamente la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes, de acuerdo con el artículo 135 de nuestra carta magna.
De frente a una decisión trascendental para nuestro país, la ciudadanía clamaba por ser escuchada, por tal razón, el pasado 8 de febrero se logró un acuerdo conjunto de todas las fuerzas políticas del Senado de la República para convocar audiencias públicas en materia de la Guardia Nacional, con la finalidad de que los legisladores conocieran los puntos de vista, a favor y en contra, de expertos en la materia, para así tomar una decisión objetiva en beneficio de México.
En dichas audiencias se escucharon a más de 80 ponentes, que dieron cuenta de diversos testimonios, estudios, análisis, e incluso asistieron personalmente victimas a la cámara alta de la nación para exponer su caso; asimismo, se escuchó a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, autodefensas, además de servidores públicos.
En la audiencia pública relativa a derechos humanos, que tuve a bien moderar, se contó con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de colectivos como Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional, así como defensores de derechos humanos como Alberto Athié, Yolanda Morán, Alejandra Nuño y el padre Alejandro Solalinde, por mencionar a algunos.
Todos ellos buscaban ser escuchados debido a que uno de los principales problemas que atañen a nuestro país es la inseguridad; esta ha llegado a niveles alarmantes, ya que al día de hoy tenemos más de 40 mil desaparecidos, 1,200 fosas clandestinas, 26 mil cuerpos sin identificar y por desgracia, durante 2018, más de 34,200 homicidios dolosos y feminicidios.
En dichas audiencias, el común denominador fue la seguridad civil y el rechazo total a un país militarizado; se pugnó por buscar una estrategia de seguridad que privilegiara los derechos humanos y estuviera acorde a los tratados internacionales, obedeciendo al control de convencionalidad.
Uno de los principales problemas de México es la inseguridad, tenemos más de 40 mil desaparecidos, 1,200 fosas clandestinas, 26 mil cuerpos sin identificar y, durante 2018, más de 34,200 homicidios y feminicidios.
Cabe señalar que hubo quienes consideraron innecesaria una reforma constitucional, proponiendo que la Guardia fuese regulada por una ley federal o general.
Quienes asistieron al ejercicio de parlamento abierto, solicitaron con vehemencia que las audiencias no fueran un acto de simulación, pues evidentemente no solo buscaban que sus peticiones y puntos de vista fueran escuchados, sino también atendidos.
Lamentablemente a escasos dos días de haber concluido el ejercicio antes referido, se aprobó en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, un dictamen sin ninguna de las consideraciones referidas en el parlamento abierto, siendo este el que se votaría en el Pleno del Senado. Por desgracia, Morena simuló escuchar y atender las exigencias de la sociedad.
La eficacia o ineficiencia de la Guardia Nacional, así como de la Estrategia de Seguridad, serán responsabilidad del nuevo gobierno, sin embargo, este debe entender que nuestro país no es un experimento de laboratorio, que al final, si no funciona como esperan, seremos los mexicanos quienes terminaremos pagando las graves consecuencias de las malas e improvisadas decisiones, al tiempo.