La posibilidad de hacer un nuevo ajuste al gasto público, anunciado por el jefe de la oficina presidencial, tiene sus bemoles y tendrá que concretarse en consecuencias mayores de lo que podría suponerse. En principio no es una buena señal para los mercados financieros y refleja que la inercia en la marcha de la economía parece haberse frenado.
El anuncio de la trasformación de la “austeridad republicana” en “pobreza franciscana” más allá de la retórica efectista implica que la prospectiva del actual gobierno en el futuro inmediato es pesimista y comienzan a prenderse focos amarillos en el tablero de control debido en buena medida a la desaceleración de la economía global.
En una colaboración anterior en nuestra revista Siempre! expresamos que la formulación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal debiera considerar el entorno internacional que se advertía complicado. La terca realidad se ha impuesto, y las economías china y alemana han perdido su dinamismo, lo que sumado a los conflictos comerciales de Estados Unidos y China y el conflicto europeo por el brexit inglés han ocasionado una desaceleración económica.
Es de todos sabido que la política fiscal y la de gasto son herramientas de regulación y conducción del proceso económico y, por supuesto, de la política redistributiva para apoyar las franjas poblacionales de menores ingresos. Aún no se tienen datos consolidados de la prospectiva del primer semestre del año en curso respecto de la captación fiscal ni del ritmo de ejecución del gasto, pero el solo anuncio que comentamos hace posible prever que el ingreso fiscal no cumple con las metas programadas.
No es una buena señal para los mercados financieros y refleja que la inercia en la marcha de la economía parece haberse frenado.
En ese contexto, la posibilidad de un nuevo ajuste al gasto programado debe preocuparnos en tanto que los ajustes ya realizados afectaron la capacidad operativa de las dependencias y organismos gubernamentales, y estos carecen casi de capacidad de maniobra. Habrá que conocer los montos y las secretarías que sufrirán los ajustes y, en consecuencia, un redimensionamiento de sus metas programáticas.
Es loable que lo que se busque sea mantener el objetivo macroeconómico de superávit primario en las finanzas nacionales, pero no puede realizarse afectando severamente el gasto con despidos masivos o afectando la capacidad de operación y el cumplimiento de metas sectoriales, que en última instancia sufren los mexicanos de menores ingresos. Eso sin contar la repercusión que tendrá en créditos al consumo, al ahorro, a la generación de empleos, a la inversión privada y a la producción.
Este anuncio está unido indisolublemente con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (PND) en el que este nuevo gobierno debe expresar con toda claridad el rumbo, los objetivos y las metas que propone para mejorar las condiciones de vida de la población. Y la orientación del desarrollo será fundamental para conocer las políticas de ingreso y de gasto. Históricamente el PND ha sido el documento que ilustra con claridad la transformación que se busca y su sustento programático.
Este ajuste al gasto público, de realizarse como fue anunciado, será una medicina amarga que deberán ingerir otra vez los mexicanos de menores ingresos.