Del 11 al 22 de marzo, en la sede de las Naciones Unidas (NU) en Nueva York, se celebró el 63 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63) con el tema central: Los sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los géneros y el empoderamientos de las mujeres y niñas.
Esta constituye la reunión más importante de las NU en materia de igualdad de género, que convoca a representantes de los Estados Miembros, entidades de las NU, organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social de NU (Ecosoc), líderes mundiales y activistas de todo el mundo, que en este año alcanzó un número récord de asistentes.
La CSW es una comisión orgánica dependiente del Ecosoc, creada en 1946. Constituye el principal órgano internacional dedicado en exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, con el mandato específico de preparar recomendaciones que promuevan los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico, civil, social y educativo.
En 1996 el Ecosoc determinó que la CSW debía asumir un papel de liderazgo en el seguimiento y revisión de los avances y obstáculos encontrados en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, así como en la incorporación de la perspectiva de género en las actividades de las NU. Además, la CSW contribuye al seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, encaminada también a acelerar la igualdad de género.
Desde su creación, la CSW ha sido el motor para el surgimiento de las más importantes convenciones internacionales en la materia, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres; los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio, concretados en la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957) y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW-1979) y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), entre otros más.
Además, desde 1987, en el marco del seguimiento de la 3 Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, la CSW tomó el liderazgo de las labores de coordinación y promoción del trabajo del sistema de las NU en los asuntos económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer, permitiendo elevar las cuestiones de género a la categoría de temas transversales.
En cada periodo de sesiones la CSW se centra en un tema prioritario, basado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, para lo cual diseña un programa que cubre diversas actividades como mesas redondas ministeriales, diálogos interactivos, paneles de expertas, sesiones plenarias de discusión y sesiones preparatorias de conclusiones. Un trabajo sumamente complejo e interesante que tiene como base los programas de trabajo y la metodología que establece el Ecosoc.
El mundo no será mejor si seguimos excluyendo a la mitad de su población.
El resultado de la reunión se recoge en las “Conclusiones Acordadas”, que en esta ocasión refieren a medidas concretas para reforzar la voz, la gestión y el liderazgo de las mujeres y las niñas como beneficiarias y usuarias de los sistemas de protección social, servicios públicos e infraestructura sostenible, que habrán de adoptar los Estados Miembros.

Las recomendaciones incluyen aspectos entre los que se cuenta: Invertir en protección social, servicios públicos e infraestructura sostenible para apoyar la productividad del trabajo de las mujeres, incluso en la economía informal; asegurar que el progreso en el acceso de las mujeres en estos rubros no se vea afectado por los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad, y que los niveles de protección ya alcanzados no se reviertan; reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico garantizando el acceso a la protección social para quienes tienen a su cargo estas labores; el acceso universal a una pensión de vejez, e incrementar la inversión en servicios públicos de calidad que sean asequibles y tengan en cuenta el género, entre otros, disponibilidad de agua potable y saneamiento, y transporte.
Así, también incluyen una enérgica condena a la impunidad y la falta de responsabilidad arraigadas en la desigualdad histórica y estructural que acompaña a la violencia generalizada contra las mujeres.
Al cierre del evento, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria de la CSW, dijo: “Esta reunión anual nunca ha sido más grande ni más significativa para las mujeres y las niñas del mundo. Las recomendaciones de la Comisión allanan el camino para que los gobiernos se comprometan e inviertan de manera diferente; involucrar a las mujeres en el diálogo sobre políticas, y dirigir iniciativas que vayan al corazón de las mayores barreras para el empoderamiento y la voz de las mujeres y las niñas”.
Tuve la oportunidad de participar del intenso programa de actividades, como integrante de la delegación de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), de la que tengo el honor de ser vicepresidenta.

En el panel que en el marco de este evento organizó la IAWJ comenté algunas de las resoluciones de nuestro máximo tribunal, que constituyen un claro ejemplo de cómo a través del ejercicio de la función jurisdiccional en nuestro país se ha logrado brindar protección social y acceso a los servicios públicos, en condiciones de igualdad, favoreciendo la tutela a los derechos de las mujeres. Se expuso, entre otros, el caso del trabajo doméstico, el acceso a los servicios de guarderías del IMSS, el relevo, bajo ciertas condiciones, de la carga de la prueba en caso de despido de una trabajadora embarazada.
Esta exposición despertó gran interés en los criterios que ha emitido la Corte mexicana, de especial manera aquellos que orientan en la metodología para incorporar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional, lo que denota el avance que hemos alcanzado, manteniendo nuestro país a la vanguardia en la protección de los derechos de las mujeres.
Entre otras tantas actividades en las que participamos, sostuvimos un interesante encuentro con la presidenta de la Asamblea General de las NU, María Fernanda Espinosa Garcés, primera mujer de la región de América Latina en ser electa para ocupar ese encargo desde la creación de las NU. Aunque destaca por su juventud, ha sido ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador en dos ocasiones, ministra de Defensa y ministra coordinadora del Patrimonio Cultural y natural. Así también fue la primera embajadora de Ecuador ante las NU. Su proyecto de trabajo se centra en construir unas NU que sean relevantes para las personas y en fortalecer su acción y efectividad, en concordancia con ello plantea 7 prioridades, entre ellas grupos vulnerables y reformas a la ONU.
Concluyo esta participación con las palabras que Fernanda Espinosa dirigió a la Asamblea General en la ceremonia de bienvenida al CSW63: “Hoy estamos aquí para levantar nuestras voces, una vez más, por los derechos de las mujeres, para reconocer nuestros aciertos y avances, pero también nos hemos congregado por la defensa de las víctimas de la violencia y la discriminación. Estamos aquí por millones de mujeres y niñas a las que, a diario, se les niegan sus derechos y sus sueños y se les condena a la pobreza y la marginación. El mundo no será mejor si seguimos excluyendo a la mitad de su población. Por eso quiero reconocer el rol central de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el de todas ustedes para transformar esta realidad”.
Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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@margaritablunar
