La división de poderes de acuerdo con un sistema republicano tiene como base dos premisas esenciales: evitar la concentración del poder en uno solo, eludiendo con ello las tendencias autoritarias, dictatoriales e incluso monárquicas de corte feudal. Asimismo, en cuanto a las funciones y representatividad que a cada uno corresponden sean complementarios.
En ese sentido evolucionó el pensamiento democrático al sostener la necesidad de poderes coordinados y no necesariamente enfrentados unos con otros, surgiendo mecanismos de interrelación entre ellos, con el objeto de propiciar el diálogo y entendimiento, que solo por excepción se haga uso del contrapeso.
Se aprecia además una transformación al diseño original, mediante la creación de órganos autónomos especializados por materia, constitucionales que ejercen funciones soberanas, rompiendo el esquema tradicional de tres poderes, incluyendo ahora la Fiscalía General de la República que se encuentra dotada de gran fuerza.
Se hace alusión a lo anterior en virtud de que nos encontramos nuevamente en etapa de transición, conscientes y atentos de los necesarios ajustes, sin observar más allá del protagonismo mañanero, una visión de Estado.
Eso nos conduce indefectiblemente a la reflexión, pues las transformaciones de fondo como las requeridas obligadamente deben pasar por el Legislativo, lo que no ha ocurrido pues se ha visto relegado a segundo término: no llevan agenda, simplemente las mayorías incondicionales se convirtieron en masas parlamentarias, rehúyen el debate de altura y reaccionan obedientemente a las instrucciones cupulares.
Las transformaciones de fondo como las requeridas obligadamente deben pasar por el Legislativo.
Las Cámaras relegan su función como centro del debate político nacional, actividad preponderante para propiciar y ser vehículo esencial de cambio, ubicándose en el papel de oficinistas burocráticos de cuarta.
Así termina el primer año legislativo con más pena que gloria, los nombramientos de los ministros de la Corte pasaron a la historia cuestionados; las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional completamente controvertidas; el atorón en la designación de miembros de la Comisión Reguladora de Energía es humillante. La oposición tiene que utilizar recursos ante el Poder Judicial y recurrir a la Corte en aras de detener el demérito institucional, en el corte de caja salen a deber.
La merma institucional es evidente, la conducta asumida por la mayoría impacta de forma relevante el cumplimento eficaz y eficiente de la función para la cual fueron electos, herramientas como el diálogo y bases de coordinación en objetivos comunes son inexistentes al ser sustituidas por la obediencia, la orden y la ocurrencia. ¿Así cómo?