Entrevista a Mauricio Kuri, legislador y a Mario Fernández, jurista
La bancada de Morena en el senado, a través de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que, de ser aprobada, modificaría la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con la iniciativa presentada el pasado 4 de abril, la propuesta busca “establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que, de manera esencial, se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales para que todas las autoridades administrativas competentes apliquen las leyes en materia de responsabilidades de modo puntual”.
Para alcanzar el objetivo anterior, se pretende “contar con una instancia judicial especializada, dentro del alto tribunal del país, que cuente con la competencia exclusiva para conocer de esta materia, además de otras relacionadas; que eleve el desempeño jurisdiccional de nuestro máximo tribunal e impulse la especialización al más alto nivel en este tipo de asuntos que son del mayor interés para nuestro país”.
De esta forma se ampliaría la SCJN con la conformación de una nueva sala con “cinco nuevos ministros y ministras, por lo que se propone modificar la composición actual del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasando a 16 miembros, al adicionarse quienes integrarán la Sala Especializada en Anticorrupción”, con lo que el Ejecutivo federal deberá enviar las propuestas de nuevos ministros al Senado para su elección.
El episodio de los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al cual llegaron personajes con más militancia partidista que especialización en el área correspondiente, hace temer que se repita la acción. Además, la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos, cuyo lugar ocupa Yasmín Esquivel Mossa, genera suspicacias de que el proceso para renovar a la SCJN siga los mismos pasos.
Siempre!, entrevistó al coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, y al encargado de enlace legislativo de la Barra Mexicana de Abogados, Mario Fernández, para conocer su postura con respecto a este tema.
Bloque opositor
Para el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, esta intención que dio a conocer Morena, a través de la iniciativa que presentó Ricardo Monreal, es parte de un plan mañoso.
“Primero que nada, es muy preocupante porque nosotros creemos que detrás de esto hay un plan mañoso que busca tener el control de la SCJN, que es un poder independiente que busca ser un contrapeso del ejecutivo federal”.
El legislador consideró que el tema de la corrupción para presentar la propuesta es un mero pretexto. “Lo que pasa es que el tema de la corrupción se les ha vendido muy bien a ellos, pero lo que no están diciendo es que hay un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que está desde el 2015 y que hay pendientes 16 magistrados de nombrar por el senado, que tenemos un SNA en el cual todos los estados ya tienen su consejo anticorrupción y que necesitamos echarlo a andar, pues en este consejo nacional ya está intervenido también la sociedad civil, a la cual hay que darle mucha más entrada y que pueda haber toda la sociedad posible y solo el gobierno necesario”.
En la entrevista, Kuri apuntó que lo que procede es consolidar los esfuerzos previos en materia de combate a la corrupción, para después emprender una reforma del poder judicial.
“No es lo que se necesita en este momento, hay que consolidar primero una cosa y luego ir por lo demás. Una sala extra lo único que daría es más poder al presidente de la república y no hay ninguna necesidad de crearla ya que, como digo, hay un SNA y solo provocaría un sobre costo de cerca de 200 millones de pesos al año”.
Al preguntarle si considera que, independientemente de la iniciativa, es necesaria una reforma al poder judicial, señaló que lo que hace falta es transparencia.
“Por supuesto que todo es mejorable, todo es perfectible, sin embargo lo que necesitamos ahorita es tener más transparencia en el tema de las sentencia de los jueces, que no estén tan encerrados, que se puedan poner en una vitrina, que le puedan responder al ciudadano; eso es una parte importante y que puedan transparentar mucho más sus sentencias y su actuar, creo que esa parte es muy importante y que sean totalmente independientes”.
Acerca de lo que sucederá en el senado al momento de iniciar la discusión, el coordinador blanquiazul adelantó que el bloque opositor se mantendrá.
“No tienen la mayoría, hay un bloque opositor. Estamos conscientes de que tenemos causas que vigilar por el bien del país y que somos la última frontera para la democracia y como contrapeso; sabemos que en la cámara diputados ya tienen mayoría calificada, pero no así en la cámara de senadores, por eso vamos a defender el bloque opositor en el cual hay buenos puentes de comunicación y tenemos que seguir trabajando en los bloques para que esto no vuelva a suceder, para que esto no pase. Hay un bloque opositor con el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano”.
Peligrosa y preocupante
En opinión de Mario Fernández, enlace legislativo de la Barra Mexicana de Abogados, se trata de una iniciativa que se resume en dos palabras: “Es peligrosa y preocupante, porque destruye un sistema institucional creado en 1994 con la reforma del 31 de diciembre de ese año por el presidente Zedillo que tuvo dos finalidades esenciales, la primera crear el consejo de la judicatura federal, que es el órgano administrativo del poder judicial, encargado de asignar las plazas y los ascensos para jueces y magistrados; el modelo en el que se basó el presidente Zedillo fue el modelo español donde existe un órgano similar que es la parte administrativa, no jurisdiccional, del poder judicial y que le da mucha mayor solidez, es decir, la parte administrativa como en todo órgano o poder público recae en el consejo de la judicatura y descarga el trabajo que antes tenían los jueces. Previo a esa reforma los jueces y magistrados emitian las sentencias y se encargaban de administrar a su propio personal. En la iniciativa del senador Monreal se plantea la eliminación del consejo de la judicatura federal, es decir, se deja en situación de desamparo a los jueces, incluso se define que las plazas del poder judicial las asigne Hacienda, es decir, tendría control sobre esas plazas en el poder judicial, lo cual es una locura porque es un poder diferente al ejecutivo, y eso es preocupante”.
Otro riesgo que ve en esta intención es el efecto que pueda tener: “Es una iniciativa peligrosísima para las instituciones en México, porque —si bien es cierto que el poder judicial tiene un alto costo operativo—, también es verdad que le da mucha solidez institucional al país y, sobre todo, un tema fundamental que es el Estado de derecho, este es un elemento indispensable para tener un mercado o una economía de mercado”.
Innecesaria
Mario Fernández apunta que se trata de una iniciativa innecesaria, porque buena parte de los motivos que la fundamentan ya existen en el país: “Está vigente el SNA, luego de una reforma del presidente Peña Nieto de 2017, a nivel constitucional se creó una nueva Ley Federal de Responsabilidades además, en el Tribunal de Justicia Administrativa se estableció una sala anticorrupción con 15 magistrados, incluso Peña Nieto mandó cinco ternas para que eligiera el senado en 2017, quedaron congelados sus nombramientos y a la fecha siguen pendientes”.
Otro elemento que indicó para reforzar su argumento de que se trata de una iniciativa innecesaria es que aún no está tipificada la corrupción como delito: “Ningún código penal tipifica un delito de corrupción; los delitos de corrupción son varios y esta reforma ni siquiera es funcional porque incumple con el principio constitucional de la taxatividad de la materia penal, es decir, que el tipo penal debe ser aplicado exactamente a la conducta a que hace referencia. Entonces, la reforma es disfuncional, todos los casos que pudieran presentarse los van a echar abajo porque es un tipo penal inexistente, de ahí que no sea una medida eficaz para combatirla”.
@AReyesVigueras