La Ley de Seguridad Nacional nació mal. Su redacción original se hizo durante el gobierno de Ernesto Zedillo que no creyó oportuna su promulgación. Era una ley bien distinta, bien elaborada, hecha por conocedores. La segunda versión fue encargada por la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox al Cisen y promulgada en enero del 2005 y reeditada ya con Felipe Calderón por Eduardo Medina Mora. Este la propuso con una visión de ley orgánica de esa institución, con falta de visión sobre la naturaleza de la problemática nacional y con una falta de conocimiento técnico de la materia.
Terminado ese segundo proyecto, el secretario Santiago Creel le dio la instrucción de promoverla al líder del Senado, licenciado Enrique Jackson, que sin más trámite y sin saber nada ni preguntar sobre la materia, logró una aprobación masiva y sin correcciones por su cámara, llegando a la autorización final a través de su colegisladora. Una forma de lavarse las manos.
Es una mala ley, una ley confundida, por un lado, con una ley orgánica, y por otro lado, lo peor, y que subsiste, es que está enfocada solamente a la confrontación de actos violentos, ya sean criminales o movimientos sociales. Eso no es seguridad nacional. Eso en el mejor de los casos debería intentar ser una ley de seguridad ciudadana. Un buen proyecto debió contemplar, sin proponerse enlistarlos, a aquellos jinetes de la Apocalipsis que actúan contra los grandes intereses nacionales, como la pobreza, la desigualdad, la mala educación, la insalubridad, la cohesión social amenazada, la soledad internacional y más. El proyecto en discusión sigue siendo acentuadamente represivo.
Para empeorar la situación y ante la ola criminal que el gobierno no puede contener, otra vez equivocadamente se buscó refugio para las intenciones mesiánicas de Calderón en una reforma a la ley. La idea sustantiva es que la ley no tiene por qué ser reformada con la intención de endurecerla, de convertirla en un instrumento antisocial y hasta antagónico de nuestra tradición constitucional. Javier Sicilia tiene toda la razón.
Existen ya las leyes necesarias para imponer el orden, la paz y la justicia, otra cosa es que no se quieran o sepan aplicar. No se puede buscar el imperio de la ley por la violencia, es innecesario buscar anexos extraconstitucionales al poder presidencial. Con la reforma, el gobierno busca crear figuras que eludan los requisitos de procedimiento respecto de la suspensión de garantías y den al presidente facultades propias de un gobernante capaz de restringir el Estado de derecho sin asumir ni formas ni consecuencias.
Las torpezas de su lanzamiento afortunadamente dieron lugar a suspicacias entre los partidos opositores y de ello surgió una creciente de sensibilidad, conocimiento y reacción que mantiene a la ley a sólo nivel de presunción. Una gravedad que hay que destacar es que tiene trascendencia transexenal pues como ley que sería se aplicaría en años ajenos a Calderón. Aprobarla o no, será histórico.
Súmese a ello que aparentemente nos espera un gobierno neoliberal, autoritario, confesional, derivado de una campaña basada en la imagen y sin contenido y en su momento con intenciones de aplicar la fuerza como solución de los problemas. El gobierno, que buscará dominar en el Congreso mediante la cláusula de gobernabilidad, que ya tiene veto sobre el presupuesto y que con esa ley en la mano se convierte en un potencial autócrata medioeval.
Los alcances de tal intento por hoy están fuera de la comprensión de la mayoría de la opinión pública, tan insensible ya ante las malas nuevas, pero no puede ser, o no debiera ser, como pocas veces los diputados tienen una enorme responsabilidad a cuestas.
En fin, ese proyecto de ley es una amenaza real para la trascendencia democrática de un Estado como el deseado. Ojalá prive el interés nacional y no se entre en concertacesiones.
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