Entrevista a Khemvirg Puente Ramírez, CEP FCPyS UNAM

El memorándum enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus secretarios para derogar la reforma educativa, es considerado por juristas y constitucionalistas como una provocación, un ataque a la vigencia del Estado de derecho y el utilizar su mandato para imponerse como un supra poder, como dan cuenta en este número especialistas y colaboradores de Siempre! Políticamente, el memorándum ha sido utilizado como instrumento de negociación política con la CNTE, a la que le dan carta blanca para retomar parte de sus antiguos beneficios.

Las críticas no le han importado a López Obrador, incluso ya anunció que de no ser aprobada la Ley de Austeridad Republicana en el Congreso, lo más probable es que utilice nuevamente el memorándum para decretarlo. Para Khemvirg Puente Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la FCPyS de la UNAM, este recurso es “un acto político”.

“Lo que él llama memorándum, es un decreto en el que instruye a altos funcionarios de su gabinete a no aplicar una ley vigente, lo que tiene consecuencias en el ámbito de lo jurídico y podría ser materia de responsabilidad no solo administrativa, sino también política con base a lo que dice la Constitución”.

Asegura que hasta ahora todo ha sido un llamado de carácter político sin consecuencias, “no se ha emitido un reglamento por parte de la Secretaria de Educación dejando sin efectos la reforma educativa o alguna otra consecuencia de carácter legal, pero el mensaje es de la mayor relevancia porque anula la potestad legislativa que tiene el Congreso mexicano y sobre todo el Constituyente permanente, que no es solo el Congreso si no que son el Congreso y las legislaturas estatales, ya que son los únicos que tienen la facultad para dejar sin efecto la reforma educativa”.

El politólogo destaca que el uso de memorándums en caso de ser aplicados como el Presidente lo desea, “inevitablemente generarán responsabilidades y serán los propios órganos constitucionales los que en todo caso los impugnen, ya lo anunció la Comisión de Derechos Humanos o las minorías del propio Congreso para que sea la Suprema Corte la que lo determine”.

“Sin duda es un desafío no solo a las instituciones sino a la democracia misma, el Congreso mexicano no es solo un grupo de personas que están reunidas para aprobar leyes, sino que son los representantes electos por la voluntad popular reflejada en las urnas y tienen un mandato constitucional que es la aprobación de leyes y reformas a la Constitución”, apunta.

Para el también especialista en estudios parlamentarios, si el ejecutivo pretende anular una de las funciones esenciales del Poder Legislativo, “lo que está haciendo es atentar en contra de la representación popular, no en contra de las minorías, ni en contra de un partido, está atentando en contra de una de las instituciones fundamentales de la democracia y si se deja pasar esto, sin una consecuencia de carácter político, estamos poniendo en riesgo la viabilidad de la democracia y nos pone en una condición de riesgo muy alto para transitar hacia un régimen autoritario”.

 

¿Por qué hacerlo cuando Morena tiene mayoría legislativa en las Cámaras o vamos a empezar por esta ruta de los decretos para todo?

Esperaría que no, porque no tiene facultades para hacerlo. Si uno lee el memorándum no tiene ningún fundamento legal, ahora ¿por qué hacerlo? porque justamente el Presidente de la República ha tratado de evadir su responsabilidad y quiere trasladarla a otros ámbitos que no sea la del Ejecutivo, es decir la negociación sobre la Reforma Educativa está en el ámbito del Legislativo y éste poder ha propuesto una reforma.

 

El presidente no puede…

Sin embargo, el Presidente no puede aprobar una reforma constitucional por sí mismo, no tiene suficientes votos para cumplir con las dos terceras partes en el Senado y es lo que le lleva a presionar al Senado, para que el dictamen que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados el Senado se vea obligado a atender las sugerencias del Ejecutivo, cuando las cuentas no le dan al Presidente y cuando no se cuenta con la mayoría suficiente  lo que tiene que hacer es construir a través del consenso las mayorías necesarias y no imponerlas a través de las fuerza como pretende hacerlo a través del memorándum.

 

Es la tentación autoritaria  del presidente López Obrador…

No solo es la tentación autoritaria, es la amenaza al acto autoritario  que podría tener consecuencias funestas para la incipiente democracia mexicana que apenas empezamos a conocer.

 

¿Este decreto es instrumento de negociación de López Obrador con fuerzas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?

No tengo duda de que es un instrumento de negociación política pero un Presidente de la República democráticamente electo no puede asumir que el instrumento de negociación sea un acto de autoritarismo y mucho menos hacer que los ciudadanos dejen de estar representados democráticamente porque él proviene de ese mandato en las urnas. En los hechos lo que estaría diciendo es como si el Congreso desconociera todos los actos de autoridad del Ejecutivo, lo mismo estaríamos reclamando, es decir, el Poder Legislativo no puede de forma autoritaria, aunque fuese por mayoría democráticamente electa, determinar que el Ejecutivo no tiene facultades reglamentarias por decir algo, porque si las tiene y en todo caso tendrían que irse a una controversia constitucional.

Para eso existen las instituciones para darle certidumbre a la democracia, para que las decisiones sean tomadas no por un individuo sino por instituciones y ese es el riesgo mayor que en el futuro que la democracia fracase y lo que tengamos enfrente sea una práctica autoritaria permanente. Creo que el Ejecutivo está tratando de arrinconar a los legisladores y a los partidos de oposición para que se sometan a su propio interés, sin embargo mal harían los partidos si aceptan este instrumento de negociación que está fuera de la ley completamente.