Entrevista a Ricardo Alvarado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a Jorge Lara Rivera, ex subprocurador de la PGR

 

“Ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país”. Con esas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se creaba una instancia para que los decomisos tanto del crimen organizado como de las investigaciones que se realicen por actos de corrupción se conviertan en recursos para combatir la pobreza.

Además, el pasado 21 de mayo, informó que Ricardo Rodríguez Vargas, quien es director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que depende de la Secretaría de Hacienda, también encabece el nuevo organismo.

Rodríguez Vargas, en dicha conferencia de prensa, señaló que uno de los objetivos es “que estos bienes incautados tengan un destino manifiesto, transparente y expedito, y se traduzca en obras, en caminos, en hospitales, en escuelas, que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país”.

Pero al margen de esta buena intención y de la meta de beneficiar a comunidades que padecen la pobreza, surgen dudas de cómo se llevará a cabo este mecanismo, en principio por la falta de transparencia que pudiera tener, la falta de definición de que comunidades se verán beneficiadas y por hacer a un lado el entramado legal existente que se utilizaba para que los recursos provenientes de decomisos apoyaran las tareas de procuración de justicia.

Siempre! Entrevistó a Ricardo Alvarado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a Jorge Lara Rivera, ex subprocurador de la PGR y abogado para conocer sus puntos de vista con relación a este tema.

Rendición de cuentas

“Es la misma oficina que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ahora cambia de nombre, son lo mismo. La cosa en general que me preocupa, es que por un tema de rendición de cuentas todo dinero que ingresa al gobierno debería estar claramente justificado a donde se va a gastar, no porque no se gaste en eso, sino porque debe estar justificado. La verdad es que en México tenemos un marco legal ambiguo al respecto, el marco concreto se llama la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta ley le permite a la Secretaría de Hacienda hacer modificaciones a lo que aprueban los diputados en el presupuesto de egresos, como quiera; y asignar los ingresos extraordinarios, el gobierno hace un presupuesto a la baja sabiendo que va a tener ingresos extras, el problema está en que no hay un marco legal para decir que hacer con ese dinero adicional e idealmente eso tendría que estar si no en una ley, al menos en un decreto, en el presupuesto mismo y que le permita al gobierno establecer prioridades, porque analizando lo que dice el director del SAE y del Instituto, lo que se saque de las subastas se irán a municipios de Oaxaca, por ejemplo, es indiscutible que los tres objetivos de gasto se necesitan, la pregunta es por qué estos municipios, por qué no los de la Sierra Gorda en Querétaro, no hay una explicación, una de las piezas fundamentales en la rendición de cuentas es la justificación del gasto”.

Las palabras anteriores son de Ricardo Alvarado de MCCI. Nuestro entrevistado reconoce la buena intención en el combate a la pobreza, pero cuestiona la manera poco transparente para asignar los recursos a determinados municipios.

Adicionalmente, Alvarado se pregunta como se definió que ahora el combate a la pobreza debe ser el destino de los recursos provenientes de incautaciones, cuando antes se dedicaban a los organismos de procuración de justicia.

“Es una decisión que debemos tomar todos. Por qué en policías, claro que necesitan, al igual que el Instituto del Deporte al igual que todas las oficinas del gobierno por restricciones presupuestales naturales, el tema es que no hay criterios, lo que necesitamos es uno que establezca prioridades; necesitamos fortalecer policías, necesitamos más jueces y que los ministerios públicos investiguen mejor y, al mismo tiempo, necesitamos que todas las calles tengan luz –estudios muestran que eso disminuye sensiblemente la comisión de ciertos delitos–, también las cárceles son una desgracia, lo que comen las personas privadas de la libertad es una desgracia, hay una empresa que está siendo investigada por eso. Hay un montón de problemas públicos, lo que importa entonces es establecer prioridades y esas no las tenemos”.

Discusión necesaria

“No hay una discusión de que hacer con los ingresos extraordinarios”, señala Ricardo Alvarado al continuar con su análisis acerca de que implicaciones tiene el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que se monta en la estructura existente del SAE, acerca de lo cual comentó con este medio que, como se dice coloquialmente, nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas.

“Estaba revisando el presupuesto del SAE y para mi sorpresa lo que vende el organismo representa, en promedio, el 20 por ciento de lo que se gasta al año, no tengo claro porque, en que gasta o si es en cuidar los bienes decomisados, pero llama la atención de que eso que se hace en el SAE no es negocio, nos sale más caro el vendedor que las ventas”.

Otro factor que complica el panorama, es la manera en que se están aplicando algunas de estas medidas.

“Los programas de austeridad, como lo describe el profesor Cejudo en un artículo de Nexos, son como una podadora en la que aplicaste medidas parejas, de lo que se quejó Germán Martínez en su carta, y esas medidas parejas están metiendo en mucho estrés a la burocracia y, en efecto, llegan recortes en cosas que no deberían tener recortes como en el caso del Instituto de Cancerología o el Instituto Gea González, de manera inexplicable, porque al final el objetivo es la austeridad y la inyección a proyectos como Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Finalmente, respecto al tema del combate a la corrupción, Ricardo Alvarado compartió su evaluación de lo hecho en lo que va de la presente administración.

“Es muy pronto para ahondar en ese tipo de respuestas, porque es difícil medirlo. Lo cierto es que hay una política anticorrupción que se va a impulsar, lo cual me parece muy positivo, si el gobierno de López Obrador hace suya esa política irán en el camino adecuado; por otro lado, lo que no me gusta es la prisión preventiva para delitos de corrupción que en los hechos es meter gente pobre en la cárcel, lo llaman populismo punitivo porque lo único que hace es volverse más severo sin fortalecer a las fiscalías y policías. Hay que dar tiempo”.

No es una bolsa de caramelos

De acuerdo a Jorge Lara Rivera, el tema de la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, no es un tema nuevo en el sistema de gobierno mexicano.

“Hay que analizar la política pública en sus diferentes elementos; el primero es lo que técnicamente se llama recuperación de activos, que es el conjunto de actividades que llevan las autoridades para reivindicar la posesión de bienes que eventualmente fueron distraídos por delincuentes o por la corrupción. A nivel mundial existen lineamientos comunes, en México tenemos estos mecanismos incluso en la parte constitucional, que incluye la extinción de dominio. Esos mecanismos posibilitan que las autoridades y de manera central las fiscalías puedan perseguir bienes para abatir la impunidad, que va de la mano de las actividades del crimen organizado. En eso México tiene una legislación robusta, en algunas administraciones esto no se cuidó como se debía haber hecho”.

En este sentido, señaló que ya se tiene experiencia en este particular a través del SEA, pero que preocupa que ahora se le dé otro fin.

“Para administrar estos recursos que en primer lugar se aseguran y luego se venden, existe el SAE, que tiene incluso una ley que le da las facultades para recibir bienes de todo tipo; es una administradora, su función es muy importante porque en primer lugar debe cuidar que no pierdan su valor, se necesita un órgano especializado para después venderlos, y después de obtener el dinero se entregan los recursos a las procuradurías, policías y a los fondos que existen por la ley de víctimas. Ya tenemos todo el circuito establecido, qué es lo que pasa, que el presidente López Obrador quiere hacer énfasis más bien de naturaleza política, y probablemente político-electoral, para que se estos recursos se vayan a otras finalidades; en otras partes del mundo estos recursos sirven para financiar que los policías tengan mejores instrumentos de trabajo, porque nunca son suficientes los presupuestos públicos”.

Jorge Lara alerta que el peligro es que este tipo de recursos acaben apoyando una estrategia de clientelismo político.

“No se está proponiendo nada que sea nuevo, quizá el matiz de someterlo a un ejercicio discrecional de distribución que me parece poco saludable porque la quita trasparencia e imparcialidad, que son dos atributos que debe cumplir cualquier gobierno. No se puede que una persona o que el presidente disponga de manera unilateral de estos recursos como si fuesen una bolsa de caramelos, hay una normatividad que se debe respetar y que esto no se vaya a temas electorales, de manipulación o de clientelismo a los cuales es tan afecto el propio presidente y su partido”.

 

Efectividad

En el sexenio de Felipe Calderón, recuerda Jorge Lara, se echó a andar la extinción de dominio, y se recuperaron cifras superiores a los 205 millones de dólares por este concepto.

“Creo que en la administración anterior del presidente Peña hubo un decaimiento muy importante de esta función, no se le puso el énfasis y, sobre todo, lo más importante no es el trámite último de este reparto, que insisto debe hacerse conforme a derecho y con transparencia, pues si se va a asignar a zonas pobres debe haber previamente la normatividad, no es una caja de dulces y de manera discrecional una persona es el dueño de esa caja, como a veces se quiere ostentar el presidente, pues son recursos públicos”.

Finalmente, nuestro entrevistado señaló que se está dejando de lado el fortalecimiento de la procuración de justicia.

“Lo más importante es que se deben fortalecer las capacidades del Estado que sean correspondientes al grado de flujos ilícitos, que pueden ser de 50 mil millones de dólares, desafortunadamente la Fiscalía General de la República vio disminuidas sus capacidades de investigación y de recuperación de activos, sólo en el sexenio de Peña Nieto por abandono se recuperaron 20 millones de dólares, lo que no se compara con el caso de Zhenli Ye Gon que fue de 200 millones de dólares en una sola acción”.

@AReyesVigueras