Se aglomeran las novedades. No hay punto de reposo ni cede el asombro. La incertidumbre es el signo que domina. He ahí la única certeza, a la que nos vamos habituando, aunque nos pese. Quizás diremos con Fuentes: aquí nos tocó, en la región más transparente; ¿qué podemos hacer? Sólo que esta región ya no es la más transparente, ni lo era cuando Alfonso Reyes lanzó su famosa advertencia: “Viajero, detente”. Hoy no podríamos detenernos. Nos impulsa el torrente de acontecimientos y nos gobierna el desconcierto. La región que dijimos transparente se ha poblado de sombras. Entre ellas caminamos, a despecho del optimismo que mana de sí mismo, con escasa razón y magro fundamento. A su amparo nos acogemos, pendientes de que la transformación en curso –la cuarta, se nos informa– disipe las sombras y restaure la luz en el camino donde avanzamos, de tumbo en tumbo.

No tengo una columna editorial que recoja cada mañana los sucesos de la víspera. Apenas puedo enviar a Siempre!, de cuando en cuando, un breve texto que pase lista de presente entre los artículos que pueblan esta publicación hospitalaria. Por eso debo reunir en esta nota tres asuntos muy diversos, que en otras circunstancias serían materia de artículos diferentes. Uno, los derechos humanos  –los suyos y los míos, lector amigo–, que de pronto quedan en peligro; otro, el último lance entre nuestra república afligida y el vecino poderoso, que midieron fuerzas en días pasados, como lo han hecho desde la aurora de sus relaciones y lo seguirán haciendo por todo el tiempo que venga; el tercero, el amago del poder político contra ciudadanos que ejercen sus derechos y tribunales llamados a aplicar la ley, por encima de la conveniencia política. Esos temas tienen que ver, en definitiva, con la vida nuestra de cada día: la de hoy y la de mañana. Por eso los examino en un mismo texto. Por eso, y porque no tengo alternativa.

Primero los derechos humanos. Los ciudadanos de a pie se preguntan qué es eso de los derechos humanos. Vayamos a una fórmula concisa: son los derechos y las libertades de los que depende nuestra vida. Y algo más: la calidad que tenga. Así, sencillamente. Esos derechos, de los que no hablábamos mucho, se pusieron de moda. Se volvieron noticia: sea por aprecio, sea por reproche. Para unos son fuente de seguridad y justicia; para otros, pretexto para que los malos se salgan con la suya a despecho de los buenos. Lo cierto es que se incorporaron con fuerza en nuestras leyes, en nuestras esperanzas, en nuestro coloquio ciudadano. Subieron al escenario. Y ahora podemos preguntarnos: ¿cómo estaríamos –usted, que me hace el favor de leer estas líneas, y yo, que me esfuerzo por escribirlas– sin los mentados derechos? ¿Estaríamos?

Esto viene al caso por algo que ocurrió hace unos días –que se alejan de prisa–, mientras velábamos armas para otros combates. Hace algunos años un grupo de mexicanos previsores y laboriosos inventaron –tomando la patente de otros horizontes– una institución destinada a proteger los derechos humanos. En los países de los que recibimos el modelo, esa institución recibe diversas denominaciones. En México la llamamos “Comisión de Derechos Humanos”. La Comisión echó raíces y creció lozana, no sin enfrentar numerosos avatares. Tropezó con todo género de obstáculos y enfrentó numerosas vicisitudes. Pero arraigó y creció. Pudo hacerlo porque resultó útil, aunque no sea milagrosa. Es verdad que muchos compatriotas lamentan la debilidad de las recomendaciones que emite, y otros deploran la supuesta benevolencia con que trata a ciertos infractores. Pero también es verdad que en los pocos lustros con que cuenta –institución joven todavía–  ha beneficiado a millares o acaso millones de ciudadanos. Ha marchado a su lado y les ha brindado una protección de la que carecían.

La ley otorga a la Comisión independencia de criterio y de gestión. ¡Ay de ella y de nosotros si fuera dependiente de alguna autoridad y actuara al servicio de los poderosos! Perdería su razón de ser. Dejaría de ser confiable y respetable. Su misión es enfrentar al poderoso y combatir el arbitrio y el capricho, en aras de la libertad y el derecho. Por ello entra en tensión o en franca colisión con los depositarios del poder público. Cada gestión en favor de un ciudadano agraviado implica un reproche a la autoridad que lo vulnera. De ahí que la Comisión tenga su camino poblado de adversarios, aunque también de beneficiarios, éstos infinitamente más abundantes que aquéllos, aunque menos ruidosos y combativos. Para que la Comisión exponga los problemas que enfrenta y las soluciones que propone, la ley ordena que su Presidente informe a los tres poderes de la Unión. No se trata de torneos de halagos, sino de ejercicios críticos y reflexivos. Es preciso que los poderes de la Unión escuchen, mediten y actúen. Pueden coincidir o discrepar, pero en todo caso deben escuchar y ofrecer razones, no volver la espalda  y guardar silencio.

Fue costumbre –¿lo será mañana?– que los titulares de los poderes de la Unión recibieran directamente el informe de la Comisión en actos especiales, que tuvieron amplia difusión. Sin embargo, en este año de gracia de 2019 –cuya primera mitad nos ha sacudido con un crecimiento extraordinario de la criminalidad y la impunidad– no hubo informe “ante” el Ejecutivo, con presencia de quien informa y de quien recibe la información. Cambió el protocolo: hubo informe “al” Ejecutivo, a través de un documento entregado por respetable conducto, pero lejano de su destinatario. No oímos ni vimos a esos protagonistas de la tutela de los derechos humanos en un encuentro republicano en que uno da cuenta de las quejas de los ciudadanos –no del presidente de la Comisión, que sólo es mensajero– y el otro toma nota y ofrece rectificación de lo que deba ser corregido y explicación de lo que deba permanecer.

Se sabe que en asuntos de política la forma es fondo, y este es un asunto de política. Las formalidades dan testimonio de la intención y entrañan una advertencia y una promesa. De ahí que el recibo del informe de la Comisión por parte del depositario del poder público tenga la virtud de ser un mensaje sobre el interés que ese informe –o mejor dicho, el tema del informe– merece al receptor. Pero no se trata –y no se trataba, en el hecho que suscita este comentario– de escuchar las cuitas del comisionado, sino de analizar el estado que guardan los derechos humanos, nada menos, a juicio del encargado de defenderlos desde una institución establecida para ese fin por  la ley  fundamental de la República. No estábamos, pues, ante un trámite dispensable ni en una ceremonia cortesana. Lo que se hallaba en juego era –es, debe ser– el respeto y la garantía que los derechos humanos merecen a quien es el primer obligado a garantizarlos y  asegurar con su ejemplo la conducta de quienes tienen ese mismo deber de garantía. ¿O queremos desandar la historia? Punto.

Dije en las primeras líneas de esta nota que abordaría tres temas. Voy al segundo, en orden de aparición en la escena. Hablé de un lance, muy delicado y peligroso, entre México y los Estados Unidos: medición de fuerzas en la que necesariamente se mostraría –y efectivamente se mostró– la distancia abismal que separa a los actores del encuentro. Llevamos un buen tiempo, que ha sido mal tiempo, a merced del encono que uno de los hombres más poderosos del mundo tiene hacia México y los mexicanos. En las filas de ese encono opera una muchedumbre alebrestada y en su designio figura un proyecto electoral. No hay mera diferencia de criterios sobre temas específicos, que la hay; ni intereses diferentes y divergentes que entren en conflicto. Lo que existe, como es visible, es una animadversión de origen ignorado  –me parece– y evidentes consecuencias. Esa animadversión ha quebrantado el frágil entendimiento entre dos países que habían logrado cierto equilibrio en su siempre compleja relación, alimentada por severos desencuentros.

Hemos negociado. En la negociación llegamos a acuerdos dolorosos, que marcan esta etapa en la vida de México y sellan, si no lo remediamos, todo el camino del porvenir. Esos acuerdos se hallan a debate, que no es fácil ni grato. Se elevan las conjeturas y abundan los reproches. La perplejidad crece ante el anuncio de nuestro interlocutor estelar que desde el fondo de su propio infierno afirma que hubo mucho más de lo que México ha dicho y confesado. Tal anuncio forma parte –por supuesto– de una estrategia de coerción que conocemos bien y hemos padecido a lo largo de muchos meses. Conviene, desde luego, que haya claridad y se despeje el espacio de sombras y especulaciones. Por lo pronto, merece más credibilidad el dicho de los funcionarios mexicanos que el del agresor, salvo prueba (seria y suficiente) en contrario. Ha sido demasiado lo  que  se nos hizo y será mucho más lo que nos aguarda como para aportar sombras adicionales y traer al espacio interno de la controversia y la negociación –que apenas comienzan– dudas insalvables y distancias ominosas.

No puedo ni quiero ignorar el esfuerzo de los negociadores mexicanos sentados a la mesa en la que se jugó el futuro de unas relaciones que gravitan decisivamente sobre la vida económica –y, por este medio, sobre la vida social y política– de México y de millones de compatriotas. Comprendo la tensión que padecieron y el trabajo que debieron aplicar   –en condiciones enteramente desfavorables– para intentar la defensa de una causa justa enfrentada a pretensiones injustas que no podemos evitar y ni siquiera moderar. Me refiero, es obvio, a la justicia de nuestra causa como nación soberana, no a los errores cometidos en el tratamiento global de este asunto, que viene de lejos. La situación de nuestros delegados me hizo recordar la que viví hace varias décadas en un momento de gravísima tensión en nuestra relación bilateral. Pero aquello que me tocó vivir no fue gran cosa en comparación con lo que ahora han enfrentado los representantes de México. Me imagino esas conversaciones como una suerte de armisticio entre fuerzas terriblemente desiguales que se han medido en el campo de batalla, a sabiendas de su predecible destino. El armisticio, que es un arreglo temporal de la contienda, abre un momento de respiro tras el ultimátum que recibimos.

Finalmente, lo que importa es “remirar” con diligencia –pero no con precipitación– la arena en la que nos encontramos y buscar las alternativas que traigan soluciones medianamente razonables. No mucho más que eso, que no será poca cosa. La carencia de políticas ciertas y eficientes en el ámbito sobre el que cayó este rayo abrió la puerta a extremas exigencias y amenazas, que quizás hubieran llegado en todo caso. Una vez más faltó previsión y nos sobró ese optimismo que a menudo cree en su propio discurso y viaja en las olas que llevan al despeñadero. De nueva cuenta olvidamos que la realidad sí existe. A merced del olvido, el viento nos arrebató. No  queda  más  remedio que poner en juego el ingenio y la imaginación, asidos –como lo hemos hecho con frecuencia– a nuestros  intereses,  que  deben  seguir  el  mismo  curso  de nuestros principios. Así ha sido la historia de nuestra supervivencia: intereses y principios, con éstos en la proa. Creo que se halla en riesgo –pero no sé si era posible otra cosa, en estas circunstancias y frente a ese interlocutor, empecinado en su xenofobia y su reelección– una buena parte del futuro. Somos rehenes de esa pasión y de esa intención. Hoy es preciso revisar el compromiso y reorientarlo con prudencia y entereza. Ya sé que es fácil decirlo e infinitamente difícil hacerlo. Pero tenemos que lograrlo. Digo tenemos, a sabiendas de que no será sencillo –si acaso ocurre– manejar con racionalidad y pulcritud jurídica el torrente migratorio que se avecina desde el sur y reconstruirnos como nación soberana, respetuosa de los derechos de quienes merecen y aguardan ese respeto. No será sencillo manejar  una fuerza militar, a la que llamamos Guardia Nacional, para que consiga en cuarenta y cinco días –ya corrieron varios– lo que no hemos logrado en muchos años, y lo haga sin mellar derechos humanos y oscurecer nuestra historia, que en este ámbito tiene logros que no podemos dilapidar. Y tampoco será sencillo acoger a decenas de millares de migrantes que aguardarán con impaciencia los dones que ofrece el Estado mexicano, que deberá garantizar –no obstante sus penurias– hogar, sustento, salud, educación y seguridad a esos migrantes, que huyeron de donde no encontraron nada de eso. Por cierto, hay millones de mexicanos que esperan la misma garantía.

En esta circunstancia se eleva de nuevo la sombra que nos persigue: la incertidumbre, que es nuestra única  certeza y nuestra permanente compañía. Pero no podemos abandonarnos a ella. Ahora, como pocas veces antes en la historia reciente, es preciso hallar el camino que podamos recorrer con razonables posibilidades de acierto. Todavía no se observa en el fondo del túnel la luz que señale el punto de salida. Por lo pronto será conveniente disipar tinieblas y reunir nuestras fuerzas en torno al enorme problema que enfrenta la nación. Para ello sería conveniente abandonar el discurso de enfrentamiento y división que ha prevalecido en este tiempo y ofrecer a todos los mexicanos –coincidentes o discrepantes, pero no adversarios: no, por lo menos, en esta circunstancia– la mano abierta y amiga que se ha ofrecido a quien nos tendió el puño.

Concluyo con el tercer tema, que procuraré abordar con más tiempo y espacio en algún artículo próximo. Ha habido una presión evidente sobre tribunales que deben administrar justicia y abogados que la reclaman. Pudiera ocurrir que unos y otros se hallen equivocados. De ser así, el remedio estará en la ley misma. Lo que no es aceptable –y no podemos pasarlo por alto, so pena de consentir actos inadmisibles, con el alto precio que cobra el consentimiento– es que para defender ciertas decisiones políticas se menoscabe el recurso de amparo, se tache a sus promotores, que ejercen un derecho, y se ofenda o intimide a quienes deben resolver, que cumplen un deber. Saber o no saber la identidad de abogados y juzgadores –que serán “exhibidos en la pasarela”, ante los ojos del pueblo– no es relevante. Además, ya se ha difundido la identidad de unos y otros. Lo importante es analizar las razones que cada quien esgrime y actuar en consecuencia.

No podemos ignorar la importancia del acceso a la justicia, que es la clave para la preservación y el rescate de derechos y libertades. No podemos olvidar la utilidad del amparo como medio jurídico –que la Constitución consagra– para cuestionar o impugnar la conducta de los funcionarios. No podemos mirar con indiferencia el asedio que se impone a la justicia y el reproche intimidatorio que se dirige a los abogados que la demandan. Ojalá que ese amago cese. No podríamos calificar a México como Estado de Derecho si los ciudadanos temen ejercer sus facultades y los tribunales se retraen en el cumplimiento de sus deberes. Quiero creer que las referencias en contra de abogados y tribunales –es decir, de ciudadanos y sus legítimos custodios– ha sido un “paso en falso”, en exceso en el lenguaje, una ocurrencia de litigante.  Si es así, conviene decirlo, para disipar las sombras que han caído una vez más sobre la vida de la República.