La creación de la Guardia Nacional y las esperanzas puestas en ellas, puede acabar, efectivamente en un parto de los montes y arrojarnos un escuálido ratón. Su creación misma, a pesar de su antigüedad constitucional, no es para algunos, más que una simulación, al constatar que su funcionalidad, responde a una policía nacional. Y adicionalmente, su integración con soldados, marinos y los restos de la policía federal, con una fachada de mando civil.
La imparable espiral de violencia de por lo menos los últimos 20 años, ha intentado contenerse con la instrumentación de medidas punitivas y el uso de las fuerzas armadas. La misma policía federal, a la que aludíamos en el anterior renglón se creó con unas brigadas del ejercito a fines de los noventa, hoy sin una evaluación seria se le desaparece y sus restos se funden en la nueva Institución; sin embargo, mucha de la lógica de su organización se mantiene y lo preocupante es que la Política Pública represiva continua casi intocada, a pesar de que todos los indicadores muestran su fracaso.
El anuncio de su utilización, su estreno como Institución, para contener, detener y deportar a los migrantes, rompe con los principios del Derecho Humanitario y no puede, ni debe ser la respuesta de nuestro país, a este fenómeno social, más aun cuando, al frente de las acciones migratorias se designa a quien fuera jefe de las prisiones federales, aunque en el discurso se nos diga que existe un compromiso con la protección de los Derechos Humanos.
Los mexicanos todos sin excepción, queremos vivir en un país de leyes e Instituciones, con libertad y dignidad, en el que la autoridad garantice la vida, el patrimonio, la libertad de expresión y el libre tránsito de todos. Es por ello, el creciente reclamo de seguridad, de terminar con la impunidad. Y sí, todos queremos que la Guardia Nacional funcione bien contra la criminalidad y abata los índices delictivos, pero también exigimos que su actuación sea con absoluto respeto a los derechos humanos. La justicia y los derechos humanos son un binomio indisoluble, de ninguna manera una elección bipolar. El Estado y sus cuerpos de seguridad, deben actuar con total y absoluto respeto a las leyes, al Estado de Derecho.
Lo hemos dicho antes y lo reiteramos, la violencia que hoy nos agobia, no es atribuible al actual régimen, pero ahora a éste corresponde atender el problema. También hemos afirmado que las causas del problema es la enorme desigualdad social, con la brutal concentración del ingreso. La pobreza de una inmensa mayoría de la población, la falta de educación y/o sus deficiencias; en suma el Modelo de Desarrollo no ha sido exitoso.
Por tal razón y otras muchas, nos preocupa, que no exista, ya no digamos en el plano económico, un cambio acorde al discurso del nuevo gobierno. Hoy, ahora, la discusión, el debate es la Política Pública, para abatir la inseguridad, en la capital del país, en las grandes urbes, en las ciudades, en las poblaciones pequeñas o en el campo.
¿Como habrá de actuar la Guardia Nacional, contra la delincuencia organizada, contra los narcotraficantes, contra los secuestradores, contra los blanqueadores de activos? Nadie piensa que sea fácil. Es una tarea de mediano y largo plazo, atacando las causas estructurales y enfatizando medidas de prevención del delito y el tratamiento de las adicciones.
Los seis primeros meses del actual gobierno, se han esfumado y ninguno de sus compromisos en esta materia tan difícil se han cumplido. Tampoco, se afirma que sea plazo suficiente. Lo que preocupa es que ni la estrategia, ni la táctica parecen ser adecuadas. El tiempo vuela, la paciencia de los ciudadanos se agota. Confiemos que como en la fábula de Esopo la montaña, no parirá un ratón.